AGECU RECLAMA UN NUEVO MARCO PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES URBANOS EN ESPAÑA
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La importancia del comercio urbano, dinamizador económico y social de la ciudad
El sector comercial minorista español está compuesto por un tejido de 526.695 empresas que operan en 638.566 locales[1]. Con 1,88 millones de ocupados, representa el 4,71% del VAB estatal[2], duplicando a sectores tan importantes como el de la energía y casi al sector agrícola, ganadero y pesquero de nuestro país.
Un 68,1% de la población española vive en las capitales provinciales o en municipios de más de 20.000 habitantes, precisamente en ciudades donde se concentra el comercio aportando vitalidad y siendo protagonista de la propia definición de ciudad.
El comercio ubicado en las ciudades, el comercio urbano, se caracteriza por la diversidad de tipologías y formatos comerciales que conviven en áreas de alta concentración, dando lugar a una importante competencia intra-formatos e inter-formatos.
Es una misma zona se localizan establecimientos independientes, cadenas sucursalistas, cadenas de franquicias, supermercados, grandes almacenes, mercados municipales, etc. Estas altas concentraciones dinamizan la ciudad y generan espacios de gran competencia empresarial, dando lugar a interesantes fenómenos de coopetición.
El comercio coopera a través de la puesta en marcha de figuras de gestión como estrategia para hacer frente a un conjunto de problemas que, de forma casi generalizada, viene afectando a los centros urbanos españoles, especialmente a aquellos de carácter histórico: accesibilidad, despoblamiento, deterioro físico y pérdida de actividad económica y, por tanto, de funcionalidad y también de capacidad para competir con el crecimiento comercio periférico o suburbano.
Hacia un nuevo marco para la gestión comercial urbana en España
En España se asiste, desde hace años, a un debate sobre la ciudad y, especialmente, sobre los centros urbanos, en relación con la necesidad de actuar en estos espacios de una forma planificada, integral, sostenible y multidisciplinar.
Apoyándose en las asociaciones de comerciantes locales o zonales, y con el apoyo de las autoridades locales y regionales, han proliferado, desde finales de los años 90, distintas a estrategias de gestión urbana. Desde estas figuras de gestión, el entorno urbano juega un papel importante ya que el comercio necesita de las adecuadas condiciones de accesibilidad, ambiente agradable, seguridad y limpieza que garantice la afluencia de compradores.
En los últimos años ha surgido un nuevo concepto de asociación más local, representativa, que supera el carácter gremial y que, gestionadas profesionalmente, actúan desde un enfoque mucho más empresarial en la prestación de servicios. Su actuación se desarrolla desde posiciones proactivas, en base a un marco de actuación más o menos estable, basado en la cooperación con las administraciones y donde la financiación se basa en el compromiso de los asociados y fuertes aportaciones públicas.
Conscientes de que cualquier aglomeración empresarial que intente ser competitiva debe partir de un alto nivel de concentración comercial gestionada de tal forma que ofrezca un alto nivel de servicios, amenidad y calidad urbana, desde estas asociaciones zonales y locales se han desarrollado, la figura de los Centros Comerciales Abiertos, con distintas denominaciones.
Los Centros Comerciales Urbanos (CCU)[3] son áreas urbanas que agrupan bajo una misma imagen y gerencia, a empresas de distinto tamaño, a especialistas y generalistas (comercio, ocio, restauración, actividades culturales y turísticas) en un ámbito urbano, que tradicionalmente ha mantenido alta densidad comercial y de actividades complementarias.
Los Centros Comerciales Urbanos aportan una respuesta inteligente a la progresiva polarización de áreas comerciales que se viene produciendo en las ciudades, en detrimento de sus centros comerciales tradicionales.
Si la especialización y la mejora del nivel de servicio son aspectos esenciales para mejorar la competitividad del comercio más tradicional, también lo es contar con un entorno urbano amable, seguro, limpio y accesible.
A través de la gestión derivada de los CCU, muchos centros urbanos han podido mantener una oferta comercial amplia y de calidad en zonas donde la demanda corría el riesgo de estancarse o reducirse, al ser capaces de atraer potenciales consumidores de otras zonas, ampliando su área de influencia comercial e incrementando la demanda potencial.
Según los datos que manejamos en AGECU, en España pueden existir, en estos momentos entre 250 y 300 CCU, con una media de entre 200 y 250 asociados por centro, que desarrollan su actividad preferentemente en áreas localizadas en centros urbanos o centros históricos.
Los Centros Comerciales Urbanos constituyen una fórmula moderna y actualmente viable para que el pequeño comercio mejore su capacidad de competir, pero que no resuelven algunos aspectos clave. De hecho, muchas exitosas experiencias de CCU en nuestro país se encuentran actualmente en un periodo de impasse o de dificultades para seguir avanzando.
Y es que la dinámica de funcionamiento de estas figuras se basa en la corresponsabilidad y la colaboración de los agentes públicos y privados y la gestión común y profesionalizada. Corresponsabilidad que no es siempre bien entendida por muchos operadores privados de la zona, como tampoco por muchas Administraciones Locales.
Todo esto ha propiciado que muchos gestores y directivos de estas organizaciones, responsables locales y agentes implicados consideren que es el momento de dar un paso adelante, desarrollando un nuevo modelo que, por una parte, garantice la suficiencia financiera en la gestión de las zonas comerciales urbanas y, por otra, defina un nuevo marco de relación entre la propia comunidad de negocios y entre esta y las administraciones públicas.
Tomando la referencia de los Business Improvement Districts (BID), apostamos por desarrollar un nuevo modelo que debe servir para avanzar en la definición de un nuevo marco legislativo que propicie cambios sustanciales en la gestión de las zonas comerciales y de concentración de actividades económicas de nuestras ciudades.
Cinco propuestas para un modelo innovador de gestión urbana
Las decisiones que se tomen en los próximos años sobre cómo gestionar las zonas urbanas económicamente más dinámicas van a tener gran importancia en el mantenimiento de la vitalidad social y económica de muchos de nuestros pueblos y ciudades.
Por ello desde AGECU venimos trabajando en el desarrollo de un conjunto de propuestas dirigidas a poner marcha un nuevo modelo de gestión de las zonas comerciales urbanas sostenible a largo plazo desde la idea de que las zonas comerciales urbanas son espacios de oportunidad, dinamizadores de la ciudad, espacios de producción, intercambio y sociabilización.
- Es necesario reformar el marco legal actual, de forma coordinada entre el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, de tal forma que se posibilite la creación de nuevas herramientas para la gestión de las zonas o áreas urbanas más dinámicas, implicando directamente a las comunidades de negocios y al resto de agentes sociales y económicos. Un marco normativo que:
- Reconozca la singularidad de los espacios urbanos donde se producen altas concentraciones de actividades económicas.
- Dote a las administraciones locales de una mayor capacidad para gestionar aquellos impuestos que sean de su competencia, y considere los hechos diferenciales que se pueden producir entre distintas zonas de la ciudad.
- Que posibilite la existencia de entidades privadas o mixtas con capacidad para gestionar e invertir recursos en estas zonas.
- Permita generar recursos adicionales para financiar actuaciones en esas zonas, mediante nuevas aportaciones de las comunidades de negocios, vía recargo sobre los impuestos locales ya existentes.
- Que flexibilice la capacidad que tienen las entidades privadas de gestionar bienes o servicios que se desarrollan en espacios de titularidad pública, cuando existe un acuerdo previo con las autoridades locales.
- Plantear nuevos escenarios de crecimiento económico en la ciudad basados en la colaboración público-privada empresarial y el liderazgo compartido. Es necesario seguir avanzado en la creación de fórmulas jurídicas que mejoren la posibilidad de crear acuerdos entre lo público y lo privado, especialmente en la escala local, vínculos estratégicos y eficaces que permitan la prestación de mejores servicios a los ciudadanos, con responsabilidades compartidas.
La colaboración público-privada puede tener una gran influencia positiva, si se asegurar la participación efectiva de lo público, lo privado, lo voluntario y lo comunitario. Alianzas que pueden generarse a través de acuerdos de financiación, la planificación conjunta de proyectos o el desarrollo coordinado de servicios y actividades. - Propiciar una nueva generación de entidades creadas para la gestión de las zonas comerciales. Consideramos necesario definir un marco legal que permita la creación de entidades de gestión, creadas y promovidas por los empresarios de la zona, de carácter asociativo privado, que cuenten con un estatuto jurídico propio, desde las que se puedan desarrollar una gestión avanzada, con el soporte y supervisión de las administraciones públicas e instituciones como las Cámaras de Comercio. Entidades cuya función sea desarrollar proyectos transformadores en las áreas de actuación, prestar servicios adicionales y desarrollar acciones de promoción y dinamización comercial de cierto impacto. Entidades con formas de funcionamiento democrático, en las que participen todos los empresarios de la zona, donde los procesos de consulta, participación y toma de decisiones permitan la involucración activa de la comunidad de negocios y estén gestionadas profesionalmente.
- Desarrollar un nuevo sistema de financiación de la gestión de las zonas comerciales urbanas. El actual modelo basado en el asociacionismo empresarial voluntario - en el que los empresarios del comercio tienen un reconocido papel protagonista- debería ampliarse con la incorporación de todas las actividades económicas terciarias que se desarrollan en el área, ya que todas se benefician directa o indirectamente de la mejora de la atractividad de la zona. El sistema de financiación debe basarse en contribuciones obligatorias, decididas por los beneficiarios democráticamente. Entendemos que sólo un sistema de aportaciones obligatorio garantiza la suficiencia de los recursos necesarios para gestionar un área, resulta justo y equitativo; y, sobre todo, elimina la conducta del free-rider.
- Fomentar una nueva generación de servicios en los centros urbanos. El tipo de servicios que pueden prestar estas entidades, debería estar sujeto a las necesidades de cada ámbito, la decisión de sus miembros y a la capacidad de innovación de sus gestores. En cualquier caso, deberían ser servicios adicionales o complementarios a los servicios públicos, y estar previamente acordados con las autoridades locales.
La naturaleza de estos servicios abarca un abanico muy amplio de opciones: acciones de marketing orientadas a incrementar el atractivo de la zona, fomento de la actividad e inversión económica, mantenimiento del espacio, de mejora de la imagen de la zona, y su atractividad, de vigilancia y seguridad, animación y dinamización comercial, etc.
La gestión de estos servicios debería estar sujeta a evaluación, en términos de eficiencia y eficiencia, estableciendo indicadores e instrumentos de medición adecuados que permitan valorar si están respondiendo a los objetivos establecidos
