Barcelona. Un plan piloto municipal les permitirá tener una gobernanza público-privada y financiar sus actividades de promoción mediante un recargo sobre el IBI.
Sant Andreu y el Born serán los primeros ejes comerciales de Barcelona que se autogestionarán. En ambos se implementará de forma experimental un nuevo modelo de gobernanza público-privado, que ya existe en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania: los business improvement districts (BID).
La iniciativa la promueve la concejalía de comercio del Ayuntamiento de Barcelona, que encabeza la socialista Moserrat Ballarín, a petición de las dos asociaciones de ejes comerciales de la capital catalana: Barcelona Oberta – que aglutina a once situados en zonas céntricas y turísticas- y la Fundació Barcelona Comerç -formada por el resto-.
El consistorio constituyó en otoño un grupo de trabajo formado por técnicos municipales, expertos y representantes de los comerciantes para estudiar su implementación. La definición de las zonas donde se probará el nuevo modelo se ha hecho a propuesta de las entidades del sector: Barcelona Oberta ha sugerido El Born, y Barcelona Comerç Sant Andreu.
Los dos barrios tienen perfiles distintos: en el primero el peso de los turistas en la facturación de las tiendas es clave, mientras que en el segundo predomina el comercio familiar. Si la experiencia da resultados, luego se extenderá al resto de ejes comerciales, siempre bajo el acuerdo del sector, concreta Ballarín.
Ballarín quiere que el plan piloto sea una realidad «entre finales de 2018 y principios de 2019». Previamente, el consistorio necesita que el Congreso y el Parlament aprueben dos reformas legislativas.
La edil y el segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, se reunieron el pasado viernes con la secretaria de Estado de Comercio, Maria Luisa Poncela, para pedir al Gobierno central una reforma de la ley de haciendas locales. Su propuesta cuenta con el aval de la Federación Española de Municipios y Provincias, y consiste en un «pequeño recargo» sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que regula el Estado.
Aún debe concretarse si este recargo lo pagarán únicamente las actividades económicas situadas a pie de calle o bien se extenderá a las que estén en la primera o en el resto de plantas de los edificios, explica Ballarín. Esta forma de financiación permitiría a los ejes comerciales lograr una reivindicación histórica: que a la hora de sufragar las actividades de promoción, como las luces de Navidad, participen no sólo los asociados, sino todo el sector, también cadenas de alimentación y moda y entidades financieras.
Ballarín también quiere que la ley catalana de comercio, que está tramitándose en el Parlament, contemple el nuevo modelo y regule su creación y funcionamiento. La concejal precisa que «en ningñun caso se obligará a ninguna tienda o empresa a apuntarse al eje comercial e su barrio», ya que ello sería ilegal.
Fuente: Expansión Catalunya