Hay casi 17.000 viviendas turísticas en la capital,  el doble que en 2015.

Se modificará el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico para actuar contra el aumento desproporcionado de los precios del alquiler.

La Comunidad de Madrid va a iniciar los trámites para modificar el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico, aprobado en julio de 2014 y que fue anulado por los tribunales, lo que ha permitido que este tipo de viviendas hayan aumentado en los últimos años en la región hasta llegar casi a los 17.000, el doble que en 2015.

El Gobierno de Cristina Cifuentes le va a echar mano así a un negocio encubierto que ha provocado la gentrificación en los barrios del centro de la ciudad y un aumento desproporcionado de los precios del alquiler, aunque no tan acusado como en Barcelona.

«Teníamos la necesidad de adecuar la normativa a los pronunciamientos y sentencias judiciales y cubrir así un vacío legal», ha señalado la presidenta regional tras el Consejo de Gobierno, que ha dado el primer paso con este borrador de decreto que ahora podrá ser enmendado por la patronal de hosteleros, los vecinos y las propias plataformas de alquiler, como Airbnb.

Entre las novedades de este decreto está crear un certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), un documento técnico cuya finalidad es garantizar al usuario de la vivienda en la que va a alojarse que esta cumple con unos parámetros determinados de seguridad, ventilación, agua y energía, que deberá realizarse por un «profesional acreditado».

Esta propuesta de decreto además introduce la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios cuando sus estatutos así lo recojan de forma expresa, o que las plataformas de viviendas turísticas estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo cuando incumplan las normas básicas de convivencia.

Esta última iniciativa, la de poder sancionar, es sin duda la más ambiciosa, ya que la legislación europea es bastante laxa con empresas como Airbnb, a las que el Gobierno regional quiere considerar empresas turísticas.

El texto también contempla que se elimine el requisito de contratación de estas viviendas por un tiempo inferior a cinco días, atendiendo al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y desaparece además el concepto de «habitualidad» y el plazo mínimo de tres meses que se exigía para el ejercicio de la actividad turística.

Según Cifuentes, la nueva normativa no quiere ser «prohibicionista», como sí pretende el Ayuntamiento de Madrid. «Nosotros queremos hacer compatible la actividad turística con la de los hoteles«, aseguró.

La presidenta regional también ha querido destacar que la «proliferación de viviendas de uso turístico no es percibida por los madrieños como un problema». «La situación que tenemos en Madrid poco tiene que ver con lo que ocurre en ciudades costeras. Nosotros no queremos prohibirlas, sino que haya unas garantías para su utilización«, subrayó.

Fuente: El Mundo