Un informe elaborado por el ministerio de Economía considera que la petición es restrictiva y que la liberalización de los descuentos ha sido positiva.

El pequeño comercio isleño cree fundamental el volver a regular la existencia de dos campañas anuales frente al rechazo de los grandes.

Madrid ha dado carpetazo al asunto. La pretensión del pequeño comercio balear de que se vuelvan a fijar fechas para las rebajas, recogida por el Parlament y remitida como proposición de ley al Congreso, se ha topado con el rechazo tajante del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según se refleja en el informe elaborado por el ministerio de Economía y que ha sido enviado este mes a la conselleria de Presidencia. En opinión del citado departamento estatal, la demanda planteada por Balears resulta restrictiva, y además se defiende que la liberalización actualmente en vigor, que permite fijar esos descuentos en cualquier momento del año, está teniendo efectos positivos sobre las ventas y el empleo del sector, y sobre el conjunto de la economía española.

El comercio tradicional de las islas lleva años advirtiendo de que la liberalización de las rebajas, aprobada por real decreto-ley en 2012, ha derivado en un caos absoluto, en el desconcierto de los consumidores y en la pérdida de la condición de ‘acontecimiento social’ que estas campañas tenían, con colas en las puertas en algunos establecimientos cuando se ponían en marcha.

Ayer mismo, preguntados por el balance de las rebajas de este invierno, tanto el presidente de la comisión de comercio interior de la Cámara de Mallorca, Pedro Mesquida, como su homólogo en la patronal Pimeco, Bernat Coll, insistían en que para el sector resulta fundamental poner fecha al inicio de las rebajas, con la prohibición de ofertar otras promociones durante las semanas previas.

La petición del Parlament no ha pasado de aquí. En una carta firmada por el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas del ministerio de la Presidencia, Enrique Lasso de la Vega, y dirigida a la directora general balear de Relaciones con el Parlamento, Beatriz Gamundí, se incluye el citado informe de Economía y la negativa tajante de Madrid.

Informe del Ministerio

En el documento elaborado por el ministerio que dirige Luis de Guindos se subraya en primer lugar que «además de los efectos positivos que la liberalización de los periodos de rebajas está teniendo sobre las ventas y el empleo en el sector del comercio minorista y, en definitiva, sobre la evolución de la economía, debe señalarse que existen diversas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la constitucionalidad de esta medida» y de que su regulación quede en manos del Estado y no de las comunidades autónomas, tal y como consta en una sentencia contra un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña.

Pero además, este informe reprocha al Parlament balear que no justifique en su proposición de ley ni la necesidad ni la proporcionalidad de la medida que reclama, que califica de «restrictiva», y considera que este requisito «debe exigirse con especial ímpetu en este caso dado que de lo que se trata es de volver a la situación de mayor restricción de antes de la reforma de la ley, desde una situación de libertad que entonces se estimó que podía adoptarse sin riesgo de perjudicar o dejar de proteger ningún interés público». Además, se añade la afirmación de que la propuesta balear vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Discrepancias en el sector

Este rechazo supone un varapalo a la reivindicación del comercio tradicional balear respecto a marcar de nuevo fecha al inicio de las rebajas (la propuesta del Parlament contemplaba también que éstas tuvieran una duración mínima de una semana y máxima de dos meses) para así recuperar el impulso que éstas campañas daban al sector minorista.

Sin embargo, la postura del Ministerio cuenta con el apoyo de las grandes superficies. Según uno de sus portavoces, el problema de fijar fecha a las rebajas en Balears es que las ofertas en los precios se producen durante los 365 días del año y las 24 horas del día en las plataformas de venta por internet, por lo que no tiene sentido pretender poner límites en un sector que ya está totalmente globalizado. En su opinión, esas restricciones en las islas solo servirían para favorecer a las empresas de comercio electrónico.

Fuente: Diario de Mallorca