Cree que esta tasa que también se aplica en Asturias y Aragón es perfectamente compatible con el derecho de la Unión.

 

En España una empresa que quiera abrir un hipermercado en Cataluña, Asturias o Aragón tiene que pagar un impuesto extra por hacerlo. Las tres comunidades aprobaron esta tasa en su día para compensar el impacto ambiental que causa la actividad de estos centros y que, consideran estas autonomías, es superior a la de un supermercado de menor tamaño.

Para la patronal Anged, que engloba a las grandes empresas de distribución del país, este gravamen es ilegal y lo había recurrido. Para la Justicia europea, sin embargo, es perfectamente compatible con el derecho de la Unión. Así lo ha señalado hoy el Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia en la que cree que la tasa no es discriminatoria ni se opone a la libertad de establecimiento, tal y como denunciaba Anged.

La semana pasada la propia Comisión Europea, a través de un documento, advertía que España es uno de los países que más trabas pone al comercio a través, por ejemplo, de impuestos de este tipo.

En concreto, criticaba «las barreras que aplican algunas comunidades autónomas a la hora de abrir tiendas físicas» o prolongar los horarios comerciales. Denunciaba la desventaja competitiva que suponen los citados impuestos específicos para abrir establecimientos de gran tamaño.

Muchas empresas, entre ellas El Corte Inglés, llevan tiempo denunciado las restricciones que sufren a la hora de realizar su actividad y que, señalan, las sitúa en situación de desventaja con respecto a plataformas online como Amazon o Alibabá que, al no tener tiendas físicas, no tienen que asumir estos impuestos, por ejemplo.

Restricciones

Este mismo jueves, el director de Carrefour en Castilla-La Mancha ha lamentado que existan restricciones horarias para el comercio en unos tiempos «en los que se pueden comprar a golpe de click».

En el caso de las tasas a los hipermercados de las citadas autonomías, supuestamente, los ingresos que recaudan se destinan a planes de actuación medioambiental. Las comunidades alegan que el impacto que tiene en el medio un establecimiento de estas características (más de 2.500 metros cuadrados) es mucho mayor que el de un supermercado.

Según el tribunal de la UE, estos impuestos son legales pues «tienen como objetivo contribuir a la protección del medio ambiente y a la ordenación del territorio, tratando de corregir y compensar el impacto de la actividad de los grandes establecimientos comerciales».

La patronal Anged, que engloba, entre otras empresas, a El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, ha pedido a las comunidades que tienen esta tasa que la reconsideren y avancen hacia un marco regulatorio «que no perjudique a las tiendas físicas». Señalan, además, que aunque este impuesto sea legal desde el punto de vista jurídico «tiene unos efectos extraordinariamente negativos» sobre las empresas afectadas.

Fuente: El Mundo