El sector financiero español tiene por delante una nueva fase de su proceso de reorganización después de la crisis financiera que llegó a poner en tela de juicio su continuidad. Casi todos los actores implicados han dejado atrás aquellos meses de 2012 donde la amenaza del rescate se acabó concretando en una factura de unos 60.000 millones de euros; ahora casi todos miran al futuro y están inmersos en la carrera por la digitalización. Eso implica adaptar sus modelos de negocio y sus espacios a una nueva manera de relacionarse con los clientes y eso implica también digerir la huella que ha dejado el cierre de oficinas en todo el país: locales clausurados y pueblos sin sucursales.

Un total de 17.819 oficinas bancarias abiertas al público han cerrado en la última década, según el balance que recoge la primera edición del informe El futuro de los espacios de trabajo en el Sector Financiero elaborado por la consultora CBRE. En las ciudades más grandes, la recuperación de la economía ha impulsado su reconversión para otro tipo de actividades, sin embargo, tal y como apunta el estudio, en ubicaciones menos atractivas, como pueblos pequeños, «la demanda se mantiene escasa y sigue habiendo muchas desocupadas».

El otro efecto colateral del cierre de oficinas es la dificultad -cuando no imposibilidad- de acceso de la población a los servicios financieros. Hasta 1.256.590 personas en España, un 2,7% de la población total, no podía acceder físicamente a los servicios financieros de una oficina bancaria en su lugar de residencia en el año 2016, según el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y catedrático de la Universitat de València.

En ese año, 4.114 municipios no disponían de oficina bancaria, es decir, un 50,7% de todos los pueblos de España, y un 15,8% sólo disponía de una entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata, según su trabajo, de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población.

Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras que las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21% de las poblaciones; sólo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera.

La ausencia de sucursales no implica que esas personas estén financieramente marginadas, ya que pueden recurrir a otras vías, pero sí que su acceso es más limitado. Pese a que las fintech y la banca online tienen cada vez más penetración, no siempre son una alternativa real para las personas con edades más avanzadas y con menor nivel de estudios que, como recoge Maudos en un estudio anterior, «en muchas ocasiones tienen más peso en los municipios más pequeños y de menor nivel de renta».

Todos los factores reunidos crean un círculo vicioso en el que los canales alternativos se convierten en una pieza clave para evitar que esa parte de la población se quede al margen de los servicios básicos. El acceso a internet y a las nuevas tecnologías adquieren aún mayor relevancia pero, con todo, las entidades pueden -y, de hecho, lo hacen- implementar soluciones como las oficinas móviles(personal que se desplaza en ciertos días y a ciertas horas por los pueblos sin oficinas) o la instalación de cajeros automáticos que permiten retirar o ingresar efectivo, pagar recibos o consultar movimientos.

Fuente: El Mundo