Las tiendas del centro de Valencia esperan una respuesta del Consistorio en una problemática que perjudica al autónomo
Se trata de comercio ilegal en todas sus letras. Desempeñan la venta de forma ilícita y lo que venden son falsificaciones que atacan a los derechos de la propiedad industrial. Hoy por hoy para el Código Penal español la ‘manta’ es un delito castigado con hasta dos años de cárcel, pero la actuación de la Administración deja mucho que desear. Así lo consideran los establecimientos afectados, que han optado por pedir ayuda a las organizaciones Cecoval y Covaco para impulsar una mesa de trabajo que permita analizar un problema que actualmente es el más grave que acecha al comercio en el centro.
«No podemos competir con ellos porque no tienen horarios ni límites. Hace diez años veías como, por lo menos, escondían las mantas. Ahora no tienen miedo porque saben que tienen total impunidad. Incluso venden delante de ellos», comenta un vendedor afectado de la calle San Vicente Mártir que prefiere no dar su nombre.
La Asociación de Comerciantes del Centro de Valencia afirma que «la población tiene que concienciarse de que comprando a los manteros está ocasionando graves perjuicios en muchos ámbitos: los productos no tienen ninguna garantía, si el artículo ocasiona algún problema nadie se lo va a solucionar. Permitiendo la venta de falsificaciones se está dando carta blanca a las mafias. No digo que los metan en la cárcel pero que incauten lo que es ilegal». Según sus cálculos, la práctica del ‘top manta’ en la Comunitat Valenciana hace que los comercios dejen de ingresar cada año unos 50 millones de euros.
El responsable de un comercio de souvenirs de la calle Don Juan de Austria declara que «la pasividad policial ante los manteros es absoluta. Permiten, literalmente, a los vendedores ilegales situarse en la puerta de las tiendas. La Administración debería actuar porque esto repercute directamente sobre el empleo legal, nos hace a todos más pobres y crea miseria, es decir, reduce la recaudación pública».
El mismo comerciante lamenta que, «en cuanto al espacio que ocupan, dificultan el paso y no abonan el impuesto que los bares sí que tienen que pagar por usar la acera. ¿Por qué? Además, si tienen permiso de residencia les permiten comprar una licencia de un metro cuadrado con la que pueden vender productos artesanales en la calle pero siempre utilizan más espacio».
Fuente: Las Provincias