Para ello, la Generalitat aborda también el proyecto con la Plataforma d’Afectats por el Top Manta, una agrupación con una treintena de entidades y asociaciones de comerciantes y hoteleros y restauradores que impulsó Pimec en 2016.
La idea es que una vez establecidas las líneas básicas de actuación, cada municipio pueda adaptarlas para solventar la problemática de la venta ambulante no autorizada en la localidad.
Durante la sesión del pleno del Parlament de este jueves, la consellera de Empresa i Coneixement Àngels Chacón ha pedido a las administraciones y agentes implicados que «huyan de demagogias y de actuaciones fáciles» en relación con la problemática del top manta, y ha hecho un llamamiento a «ser valientes, y abordarlo de manera transversal» porque «esta es una cuestión que afecta a aspectos económicos y sociales». En su intervención, la titular de Empresa se ha referido -como hizo el miércoles el Síndic de Greuges Rafael Ribó- a la necesidad de desvincula de la inmigración la problemática que genera en algunas ciudades la presencia de manteros. «Estamos ante salidas dispares», ha argumentado Chacón y se ha mostrado convencida de que hay que encontrar una salida al top manta «no sólo porque se violan derechos como la propiedad intelectual e industrial -hay evasión fiscal directísima- sino también porque está afectando a personas que quedan en manos de redes que explotan este fenómeno«.
Según el citado estudio de Pimec Comerç, de los al menos 4.000 manteros que existen en Cataluña, la mitad operan en Barcelona. Por su parte, la Direcció General de Comerç ha realizado una primera estimación provisional del impacto del top manta, que cuantifica unas ventas mensuales de 700 euros por cada mantero.
Con estas estimaciones, la actividad del top manta estaría generando un volumen de negocio ilegal 33,6 millones de euros al año, con el impago correspondiente de 7,4 millones de euros en impuestos y la no generación de cerca de 1.700 puestos de trabajo en el comercio.
Fuente: El Mundo