Las patronales miran a Cataluña o Navarra para una regulación específica de la nueva figura

Los intereses de las distintas patronales del comercio no siempre están alineados. Sin embargo, la nueva ley de Comercio Sostenible que pretende sacar adelante la Conselleria de Economía de Rafael Climent ha puesto paradójicamente de acuerdo -y en temas no precisamente menores- a las principales patronales del sector: Anged (grandes superficies como El Corte Inglés y Carrefour), Asucova (supermercados como Mercadona o Consum) y Confecomerç (pequeño comercio).

La primera coincidencia parte de la crítica a un proceso en el que ha faltado, a juicio del sector, diálogo y voluntad de consenso. A partir de ahí, las tres patronales han realizado por separado sus alegaciones a la norma -aún están a la espera de que sean respondidas por la Conselleria-, pero con reflexiones idénticas en cuestiones como la novedad de las áreas comerciales urbanas.

Las llamadas áreas de promoción económica urbana (APEU) se conciben -y así lo recoge por primera vez la ley de Comercio- como zonas de un municipio donde se desarrollen actividades económicas. Pero, además, son zonas que estarían gestionadas por asociaciones privadas y para cuya financiación los ayuntamientos podrían establecer cuotas obligatorias.

Esta nueva figura, que ya se ha regulado en Cataluña o Navarra, no está mal vista por la mayoría del sector del comercio. Ahora bien, con matices, pues su implantación puede suponer un cambio tan importante que tanto Anged y Asucova como Confecomerç han insistido en sus alegaciones en que debería suprimirse de la ley de Comercio la referencia a las APEU para regularlas en una norma específica.

El planteamiento de las tres entidades es que «al tratarse de una manera transversal, que afecta a diversos sectores (comercio, hostelería, servicios…), debería regularse en una ley específica y no dentro de la ley de Comercio, que en todo caso debería limitarse a enunciar unos principios generales y remitir a un posterior desarrollo legislativo específico, tal como están haciendo otras comunidades autónomas, como Navarra o Cataluña», indicaron fuentes del sector.

De hecho, en las alegaciones de Anged a las que ha tenido acceso este diario, se advierte de que en el texto de Economía no se plantean soluciones a algunos problemas detectados en otros países. Por ejemplo, «qué ocurre respecto de la discriminación generada con otras zonas que no puedan o no quieran tener una APEU», el «riesgo de que los ayuntamientos dejen de prestar servicios», o la «privatización encubierta de zonas públicas».

Es más, sobre la posibilidad de que los ayuntamientos obliguen a los empresarios de la zona a financiar las APEU, Anged pone sobre la mesa las «dudas» sobre su legalidad. De entrada, «la proliferación de ordenanzas municipales reguladoras generará inseguridad jurídica y afectará a la unidad de mercado», además de que «el establecimiento de esta prestación [económica] se cuestiona como una posible injerencia en el derecho de propiedad». Además, «no consideramos adecuado que ni la Cámara, ni los ayuntamientos tengan legitimación para instar la constitución de una APEU», señala Anged.

En esta línea se pronuncian también desde Asucova, que entiende que «la creación de una APEU ha de responder exclusivamente a la ‘iniciativa privada’, debiendo contar con la organización territorial local más representativa de la zona». Para Asucova, «los ‘derechos de pago y de voto’ derivados de la creación de una APEU han de ser proporcionales y equivalentes».

De la misma manera, «es necesaria para su constitución la voluntad real y mayoritaria de los titulares de actividades económicas que forman parte de la zona definida», algo que también figura en las alegaciones de Confecomerç. La patronal del pequeño comercio subraya que las APEU solo deberían constituirse «allí donde los empresarios y profesionales decidan promoverlas y logren el respaldo de quienes se beneficiarán de sus actuaciones y se comprometan a financiarlas». Por tanto, «sin que su creación pueda imponerse en ningún caso desde el sector público».

Fuente: El Mundo