El Principado ha puesto en marcha un paquete de diez medidas económicas que vienen a «complementar» las lanzadas por el Gobierno central en los últimos días para tratar de paliar la situación por que la atraviesan empresas y autónomos a causa de la crisis del coronavirus. El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, las desgranó esta mañana tras la reunión del Consejo de Gobierno. Se trata de un paquete de actuaciones que el Ejecutivo regional viene «madurando» desde el inicio de la crisis y que se hacen públicas después de que el Gobierno central haya avanzado las suyas.

La primera tiene que ver con los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. El Principado ha puesto en marcha una negociación con entidades financieras para «adelantar» a los trabajadores las percepciones por desempleo. La consejería de Hacienda lidera esta negociación para que aquellos trabajadores incluidos en un ERTE aprobado por la autoridad laboral y tramitado por el Servicio Público de Empleo puedan recibir recibir «cuanto antes» las prestaciones.

La segunda tiene que ver con los ayuntamientos. El consejero de Industria señaló que se facilitará «crédito y liquidez» a estas entidades a través de la Caja de Crédito de Cooperación Local para inversiones y gastos derivados de la crisis del coronavirus. «Existe una línea de crédito que podría llegar a los 8 millones de euros». También se adelantará el pago del Fondo de Cooperación Local, que asciende a cerca de 8 millones de euros.

Los autónomos que realizaban hasta ahora actividades no permitidas por el decreto del estado de alarma podrán acogerse a una ayuda de hasta 400 euros mensuales para compensar costes fijos como alquileres, cuotas hipotecarias o renting de equipos. Esta ayuda llegaría a los autónomos que ejercen su actividad a título propio.

Otra de las medidas tiene que ver con el consumo eléctrico. Los consumidores podrán reducir la potencia contratada durante el estado de alarma y recuperarla una vez pasada esta situación «sin ningún tipo de coste». La medida es fruto de una negociación con las operadoras que trabajan en Asturias. «Es una medida que beneficiará a autónomos y pequeño comercio, a la pequeña y mediana empresa y también a la gran industria».

El Principado ha decidido además aplazar las obligaciones tributarias regionales de los autónomos, pymes y microempresas afectadas por el COVID-19. Se concederá una moratoria sin intereses por un plazo de seis meses para obligaciones contraídas entre el fin del estado de alarma y el 1 de junio de 2020. Esta medida complementa la anunciada por la consejería de Hacienda, que suspendía las obligaciones tributarias para impuestos y tasas regionales durante el estado de alarma.

Coronavirus en Asturias | Las diez medidas del Principado orientadas a paliar los efectos económicos del coronavirus

Además, se incrementará la liquidez a pymes, microempresas y autónomos a través de avales a una línea de crédito de 10 millones de euros. La medida se pondrá en marcha a través de Asturgar. «Esta línea de avales complementa la anunciada por el Ministerio de Economía de 20.000 millones que avalaría el 80% a pymes y autónomos y el 70% a grandes empresas». Asturgar tiene más protagonismo en la batería de medidas aprobada por el Principado. Los créditos avalados por la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias a empresas que «demuestren» una afección «significativa» a su actividad a causa de la crisis sanitaria tendrán un aplazamiento de seis meses más un año de carencia, en el que «únicamente habrá que pagar los intereses», señaló Enrique Fernández.

El paquete de medidas se completa con el aplazamiento de los préstamos concedidos por la Sociedad Regional de Promoción. «Se plantea aplazar las cuotas trimestrales del primer y segundo trimestre de los préstamos y préstamos participativos en vigor, que se pagarán prorrateadas a lo largo de 2021», explicó el consejero, que puntualizó que la medida afectará a aquellas firmas que acrediten estar afectadas por el estado de alarma. El Principado bonificará en un 80% la contratación de asesores de comercio exterior de las empresas exportadoras asturianas para resolver cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria y aplicará una moratoria en el pago de los alquileres en los centros de empresas vinculados al Gobierno regional. Se plantea una demora para los pagos de los meses de marzo, abril y mayo. «Son medidas que entendemos complementan las del estado, pero seguiremos valorando actuaciones», afirmó Enrique Fernández.

Fuente: El Comercio