• Solo Francia impone más frenos a la gestión empresarial de la distribución

  • La Comisión Europea dice que hay autonomías que triplican las restricciones de otras

«Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas. De acuerdo con el indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista, España está entre los diez Estados miembros que más restricciones imponen a la apertura de establecimientos minoristas y el segundo más restrictivo en cuanto a su explotación». Es una de las advertencias que realiza la Comisión Europea en su último informe sobre la economía española, en el que advierte, además, de las importantes diferencias que hay entre unas comunidades autónomas, con la consecuente ruptura de la unidad del mercado.

«Las comunidades autónomas más restrictivas (La Rioja, Extremadura y Galicia) parecen ser tres veces más restrictivas que las que menos lo son (Murcia y Castilla-La Mancha), lo cual sugiere que puede existir margen para las reformas en una serie de ellas», dice Bruselas.

Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que defiende a compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Media Markt, recuerda, además que «según el indicador de la regulación del mercado de productos de la OCDE, España es también más restrictiva que la mayoría de los 22 Estados miembros de la Unión Europea que también forman parte de la OCDE».

El problema de fondo es que, en su informe sobre España, la Comisión Europea recuerda que «en materia de mejora de la legislación, los avances han sido escasos», tanto en el ámbito del comercio como en servicios profesionales, transporte o innovacion. «Pese a algunas medidas tomadas para la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, sería clave un mayor compromiso por parte de las comunidades autónomas y las administraciones locales para superar la fragmentación excesiva del mercado y fomentar una mejor reglamentación en España», dice Bruselas.

Demasiada fragmentación

Para las autoridades comunitarias no hay duda de que el carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España está afectando negativamente al entorno empresarial e impidiendo que las empresas aprovechen las economías de escala. Y no es solo Bruselas quien lo dice porque, según el informe Doing Business de 2020 del Banco Mundial, España ocupaba el puesto número 30 en la clasificación de 190 países en lo que respecta a la facilidad para hacer negocios.

Ante todos estos hechos, durante la última asamblea de Anged el pasado mes de septiembre, el presidente de la patronal Alfonso Merry del Val aseguraba que «mantener este enfoque restrictivo tiene unos costes de oportunidad altísimo en términos de empleo, inversión y crecimiento», por lo que proponía «revisar y suprimir aquellas regulaciones que solamente se aplican a las empresas con tiendas físicas y que, por tanto, constituyen una ventaja competitiva de facto para todas aquellas plataformas digitales y comercios electrónicos».

Fuente: El Economista