Los supermercados tendrán una zona con productos a punto de caducar, según la nueva ley

El Parlament de Cataluña aprobará este miércoles una proposición de ley para reducir el despilfarro alimentario a lo largo de toda la cadena desde los agricultores hasta el consumidor final. Esta será la primera norma en Europa creada para poner freno a las toneladas de alimentos que acaban en la basura, según los socialistas catalanes que han impulsado esta proposición, y todo apunta que se aprobará por unanimidad. Entre las novedades del articulado se obliga a los restaurantes y bares catalanes a disponer, obligatoriamente, de recipientes “reutilizables, compostables o fácilmente reciclables” para que, “sin coste adicional”, los clientes puedan llevarse el alimento que hayan pagado y no hayan consumido. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas de hasta 150.000 euros.

Un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo acaban en la basura, según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Unión Europea calcula que anualmente los países miembros desperdician 80 millones de toneladas de alimento. La Agencia de Residuos de Cataluña calculó en 2013 que en toda la comunidad se malbaratan anualmente 260.000 toneladas de alimentos, unos 35 kilos anuales por catalán. Los mismos cálculos apuntan que el 58% de este despilfarro se produce en domicilios, el 16% en los supermercados, el 12% en la hostelería, un 9% en comercio minorista, un 4% en servicios de cátering y un 1% en mercados municipales.

Los supermercados estarán obligados a “incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima”. La normativa obligará a las cadenas de alimentación a “fomentar la venta de productos con imperfecciones o desperfectos y a promover el consumo de productos de temporada”. Además deberán fomentar la venta de alimentos a granel. Moreno asegura que las cadenas cambiarán y buscarán espacios con productos a punto de caducar pero aptos para el consumo.

Las administraciones deberán crear almacenes donde gestionar los excedentes que recibirán las ONG encargadas de distribuir estos productos. La nueva ley también prevé sancionar a aquellos que no cumplan y no dispongan de plan de prevención o sea insuficiente o incluso no eviten que se despilfarren los alimentos. Pare este tipo de actuaciones la propuesta es que se impongan las sanciones de la ley reguladora de residuos aprobada por el Decreto legislativo 1/2009 de 21 de julio. Una ley que prevé desde el cese de la licencia actividades de la empresa hasta una multa de 150.000 euros.

Fuente: El País