• Hay 65.000 establecimientos que trabajan con las plataformas digitales
• El sector pide copiar el modelo de Italia y pagar a los autónomos bajas e indemnizaciones

La sentencia del Tribunal Supremo que certifica que los repartidores de Glovo son falsos autónomos ha abierto definitivamente la puerta al Gobierno para endurecer la legislación y establecer la obligatoriedad de una relación laboral.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en sentido contrario, si los planes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salen ahora adelante tras lo dictaminado por el Supremo, el problema será otro. José Luis Zimmerman, director general de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), advierte de que «los restaurantes y comercios se pueden quedar sin repartidores y eso, además, en un momento especialmente delicado, cuando se están extendiendo las restricciones por la pandemia».

La patronal de Deliveroo y Glovo apunta a que si se rechaza la relación mercantil de las plataformas con los riders y se apuesta por una laboral tendrán que ser los propios establecimientos -actualmente hay unos 65.000 que operan a través de estos agregadores- los que contraten a los repartidores.

Frente a esto, Zimmerman reclama al Gobierno que «deje al lado las cuestiones ideológicas y se siente a negociar con las partes porque lo que ha habido ahora es una sentencia solo de una caso concreto y que se corresponde a 2016».

Las plataformas digitales piden, en este sentido, que se siga el modelo de Italia, que también está estudiando el Gobierno francés. «La propuesta es que nosotros asumamos toda la protección de los repartidores, cubriendo las bajas y pagando indemnizaciones, pero sin que haya una relación laboral, permitiendo mantener la flexibilidad horaria y sin exclusividad», dice Zimmerman. Y no solo es eso porque empresas como Glovo o Deliveroo están dispuestas a garantizar unos ingresos mínimos de 10 euros por hora, tal y como sucede en Italia.

Just Eat contra Deliveroo

El problema de fondo es que la normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo para garantizar la laboralidad de los riders ha dividido incluso a las propias plataformas de comida a domicilio y a los casi 15.000 repartidores que trabajan con ellas. Por un lado, están los defensores de seguir con el modelo de autónomos, calificados como «falsos» ahora por el Surpremo, y los que buscan que se fije por ley un «marco laboral estable y seguro» que despeje cualquier duda sobre su condición de trabajadores por cuenta ajena.

En el primer caso se encuentran Deliveroo, Glovo, Stuart, Adigital y las asociaciones de autónomos AAR, APRA y Asoriders que, según sus cifras, representan a unos 1.400 repartidores. Y en el segundo está el sindicato ridersxderechos y Just Eat, la plataforma líder nacional de comida a domicilio que este año cumple una década en nuestro país. Y algo parecido ocurre también en el Gobierno. Frente a las posiciones más duras, que defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es partidaria de una mayor flexibilidad.

Lo que dice Europa

Aunque todo indica que tras la sentencia del Supremo, Díaz tiene una gran parte de la batalla ganada, no hay que olvidar tampoco que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció en un sentido contrario el pasado mes de mayo. Entonces dictó un auto en el que, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Trabajo de Watford (Reino Unido) negó la existencia de una relación laboral y la calificación jurídica de trabajador a los riders tras una denuncia presentada contra la firma Yodel Delivery Network.

Fuente: El Economista