El Principado adopta esta medida tras una ligera mejoría de los datos de contagios diarios. «Las medidas restrictivas han sido efectivas», afirma

21 días después de que el Gobierno autonómico aplicara un decreto por el que suspendía toda actividad considerada no esencial, el pequeño comercio, el de proximidad, podrá mañana reabrir sus puertas y atender a sus clientes, como venía demandando prácticamente desde el principio del cierre por entender que en sus negocios sí se respetaban de forma escrupulosa las medidas de protección y prevención frente al coronavirus. La decisión la adoptó ayer el Gobierno del Principado en la reunión de seguimiento de la crisis de la covid en la región.

Lo hizo a la luz de los datos de incidencia de la enfermedad en la última semana. Siete días en los que la expansión del SARS-CoV-2 ha logrado contenerse levemente. Si entre el martes 10 y el lunes 16 de noviembre la media de casos diarios era de 505, con unas 5.600 pruebas diagnósticas al día y una tasa de positividad del 8,7%, en la semana comprendida entre el martes 17 y ayer, el número de contagios diarios ha bajado a 330 y la positividad, con el mismo número de pruebas, al 5,9%. Fueron los datos con los que Adrián Barbón, presidente del Principado, inició su exposición pública tras esa reunión. Exposición en la que explicó por qué ahora sí su Ejecutivo atiende las reclamaciones del sector del pequeño comercio y admite su reapertura.

A la tercera fue la vencida. Porque la decisión se esperaba para el pasado 12 de noviembre, pero los 605 casos que se notificaron ese día motivaron que la reunión del comité prevista para aquella tarde se cancelara y pospusiera al lunes siguiente. Tras un fin de semana en el que se alcanzó el récord de contagios de toda la pandemia, ese lunes día 16 la opción quedaba completamente descartada. Pero en el decreto del pasado miércoles, por el que se prorrogaban tanto los cierres perimetrales como el cierre de la actividad no esencial, ya se contemplaba como excepción la situación del pequeño comercio, que, se decía, podría ser objeto de revisión en siete días.

Fuente: El Comercio