El suburbano madrileño sacará a concurso público los establecimientos repartidos por la red e inicia acciones legales para desahuciar a las últimas nueve tiendas abiertas

Sobre su cabeza circulan miles de vagones al día. Marcelo García, de 66 años, regenta una tienda de frutos secos bajo el viaducto del metro en la estación de Aluche, al sur de la capital. Aquí despacha caramelos, refrescos o patatas fritas desde hace tres décadas. Tras el mostrador también alberga una máquina fotocopiadora. Muy útil, dice, para reproducir los apuntes de algún alumno desprevenido o el currículo de quienes no se adaptan a la era digital. En cierto modo, los nueve comercios que perviven en la red del suburbano madrileño se dedican a solucionar imprevistos. Aunque algo de esto puede cambiar.

Hace un año, en pleno confinamiento domiciliario, los últimos comerciantes del metro recibieron demandas de desahucio. La concesión finalizó el 31 de diciembre de 2019 y la compañía está obligada, de acuerdo con la nueva ley de contratación del sector público, a sacar a concurso los establecimientos repartidos por la red. Las denuncias han culminado en dos sentencias de desalojo recurridas. Metro considera que no puede llevar a cabo la licitación —a la que en teoría podrían concurrir también los actuales vendedores— sin poseer antes las llaves de todos los locales. Sin embargo, el suburbano mantiene vacías 30 tiendas, según su propio registro, que nunca han salido a subasta. Algunas incluso están reformadas. Rodeado de bolsas de ganchitos y chocolatinas, García sentencia: “Este es un ejemplo más de una nefasta gestión”.

El convenio obliga a que estos comercios abran en el mismo horario que el metro, aunque el toque de queda impuesto en estos últimos meses ha provocado que echen el cierre antes de lo habitual. García reside en Navalcarnero y se levanta a las cuatro y media de la madrugada para llegar a Aluche a la hora de la apertura. Es a las seis y media de la mañana cuando las luces de El Pipón, su tienda, comienzan a centellear en un intercambiador conectado al tren de cercanías y a una treintena de autobuses urbanos e interurbanos. “En todo este recinto no hay sanitarios públicos. Si una persona mayor necesita ir al baño o alguien ha sufrido una bajada de tensión y debe comer algo, los comerciantes estamos ahí”, cuenta el empresario, que se niega a abandonar su local: “Es un sinsentido que nos obliguen a marcharnos cuando puede que tarden años en licitar”.

El suyo, agrega García, es un negocio de proximidad que imprime color a una estación gris sin apenas servicios. El empresario señala la licencia de actividad que cuelga de su establecimiento, un permiso que fue endiabladamente complicado conseguir: “Tuve que pagar yo mismo los planos porque Metro no me los facilitó en dos décadas. Ahora que por fin somos perfectamente legales, nos quieren largar en mitad de una crisis social y de empleo brutal”. Los últimos comerciantes de la red, que entre autónomos y empleados suman medio centenar de trabajadores, se han asociado para batallar en los juzgados y negociar con el Ejecutivo regional. José Castro, su asesor legal, entiende que “pese a que los contratos individuales han finalizado, el convenio sigue vigente y puede prorrogarse hasta la licitación”.Los últimos comerciantes de la red, que entre autónomos y empleados suman medio centenar de trabajadores, se han asociado para batallar en los juzgados y negociar con el Ejecutivo regional

El conflicto viene de lejos. Desde los años noventa hasta 2007, la empresa Metromatic gestionó 125 locales de la red suburbana, que empleaban a más de 700 trabajadores. Fue en ese año cuando Metro asumió tal tarea sin intermediarios y los comerciantes firmaron un convenio hasta 2018, prorrogable un año más. En 2010 la compañía decidió adecuar los espacios comerciales, sacándolos de los pasillos donde estorbaban el paso y dotándolos de un sistema de ventilación que impidiera la propagación del humo en caso de incendio. Así se construyeron 33 nuevas tiendas en Plaza de Castilla, Ópera, Pacífico, Legazpi y Sol, de las que solo cuatro tienen hoy actividad. Algunas nunca llegaron a inaugurarse, denuncia Castro. Otros comerciantes aceptaron una indemnización por obras de 40.000 euros a cambio del cierre definitivo. También hubo quien abandonó su establecimiento al finalizar el contrato.

Soledad Morales, en su tienda Tenoch, ubicada en la estación de Plaza de Castilla.
Soledad Morales, en su tienda Tenoch, ubicada en la estación de Plaza de Castilla.DAVID G. FOLGUEIRAS

La entrada en vigor en 2016 de una nueva normativa de usos asociados para el Metro causó el cierre de todos los establecimientos localizados fuera de las cinco estaciones remodeladas. La mayor parte de ellos nunca pudo reubicarse en la red por falta de plazas. Castro teme que la Consejería de Transportes de la Comunidad diseñe ahora una licitación de las tiendas por lotes o estaciones enteras, en lugar de hacerlo una a una, lo que podría “favorecer a grandes multinacionales, como JCDecaux”, que administra en exclusiva la publicidad del Metro, incluidos los expositores de los pasillos. “El Partido Popular y Ciudadanos acusan al Gobierno de España de desproteger a los autónomos, mientras en Madrid están haciendo una sangría con todos nosotros” prosigue el letrado.

Frente a los tornos de la estación de Plaza de Castilla, al norte de la capital, se encuentra Tenoch, una tienda especializada en plata y moda pronta. Soledad Morales, de 54 años, lleva toda una vida trabajando en el subsuelo de la capital, lejos de la luz solar durante su jornada laboral. Al principio, su local estaba en los pasillos y una década después se trasladó a este vestíbulo concebido para distribuir ocho locales comerciales de los cuales solo queda el suyo. El primer día de cada mes Morales y su marido realizan una transferencia bancaria a Metro de 2.000 euros en concepto de alquiler, pero desde que finalizó su contrato la compañía se la devuelve como al resto de comerciantes: “Con todo este conflicto la empresa está perdiendo un dinero que le vendría fenomenal para abaratar el precio del billete”.

“La única respuesta de Metro a nuestras peticiones de negociación ha sido que entreguemos las llaves de los locales y luego ya hablaremos”, agrega la empresaria. Es por la mañana y la llegada de un tren llena de gente el recibidor de la estación. Escaleras mecánicas arriba, unos caminan con calma y otros corren apresurados hasta la superficie. Mirándolos, Morales lamenta una menor afluencia de pasajeros a causa de la pandemia: “Esta es una zona de oficinas y casi todo el mundo sigue teletrabajando. Nuestro negocio se mantiene gracias a camareros, asistentas o cuidadores de personas mayores”. Empleados con jornadas leoninas para quienes el horario comercial habitual se antoja difícil. Madrileños que se levantan con el sol. Tal vez sean ellos quienes más noten la marcha de los últimos comerciantes del metro.

Panadería Café de La Estación, ubicada en la estación de Aluche.
Panadería Café de La Estación, ubicada en la estación de Aluche.DAVID G. FOLGUEIRAS
EL DESAHUCIO, A LA ASAMBLEA

El Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos registraron el mes pasado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) sobre los comerciantes del Metro que se debatirá en abril y que también Vox prevé votar a favor. El texto insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad a que solicite la “suspensión inmediata de todos los procedimientos judiciales de desahucio de los locales propiedad de Metro” y a que en los próximos seis meses realice “un informe del estado en el que se encuentran todos los establecimientos del suburbano, para determinar cuáles son susceptibles de explotación comercial y cuáles precisan de remodelaciones para abrir”.

La proposición reconoce que “durante estos años la empresa pública Metro de Madrid no ha sabido encontrar la fórmula para ordenar de forma adecuada las actividades comerciales” en su red de estaciones. “Es imprescindible impulsar medidas de apoyo al pequeño comercio, a las pymes y a los autónomos para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico de nuestra Comunidad, especialmente frente a la crisis provocada por la Covid-19, porque es obligación de todos y todas tratar de mantener puestos de trabajo”, puede leerse en la misiva, que sugiere un concurso público con contratos individuales y clausulas donde “se valore la trayectoria y la experiencia” previas.

Fuente: El País