El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de ayudas que incluye la transferencia directa de fondos a empresas y autónomos para cubrir distintos gastos directos y superar la merma de ingresos provocada por las restricciones sanitarias. Las ayudas irán destinadas a empresas que presenten una caída de sus ingresos del 30% por el impacto del coronavirus.

El paquete destinado a estas ayudas es de 7.000 millones de euros que serán transferidos a las CCAA para que estas se encarguen del reparto. El plazo previsto por el Gobierno es que el instrumento legal que regule la transferencia esté listo en un plazo máximo de 40 días, y a partir de ahí sería cada autonomía la que articularía la entrega del dinero. Este cálculo permitiría que a finales de abril las subvenciones pudieran comenzar a llegar a los beneficiados.

Los fondos podrán ser utilizados para distintos usos como el pago de facturas o de créditos. La Agencia Tributaria será la que analice si la empresa que solicita las ayudas cumple con los criterios requeridos. Las ayudas podrán cubrir un 40% de la caída de la facturación en el caso de de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

Los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Las ayudas directas irán complementadas con un plan de reestructuración financiera dirigido a reducir el sobreendeudamiento en el que han caído muchas empresas por el incremento del crédito durante la crisis y las bajas perspectivas de ingresos a corto y medio plazo. Este paquete, con una cantidad de 3.000 millones de euros, incluirá distintas medidas para impulsar la reestructuración de créditos como el alargamiento de los plazos de devolución del principal, periodos de carencia y en última instancia reducción de la carga financiera con una quita.

Esta línea de reestructuración actuará en tres niveles distintos: ampliar plazos de vencimiento en créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), convertir esos créditos en préstamos participativos para reforzar la solvencia y el capital de las empresas o, en último lugar, realizar transferencias directas para que la empresa pueda proceder a una reducción del principal del crédito. Esto supondría en la práctica una quita en la financiación.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado al término del consejo de ministros que estas medidas se articularán a través de un código de buenas prácticas con el sector bancario. La reestructuración tendría que ser soportada tanto por el ICO, en la parte avalada, como por el sector privado.

Los fondos se repartirán entre un total de 100 actividades económicas distintas, principalmente las que actualmente son beneficiarias de otras ayudas como los ERTE y otras que previsiblemente podrían hacer frente a un problema de sobreendeudamiento en los próximos meses, si bien no se ha concretado cuáles. Acceder a las ayudas implicaría la prohibición de pagar dividendos, de elevar la remuneración de la alta dirección y de incluso cerrar hasta junio de 2022. Esta última cláusula busca que las subvenciones no se utilicen para cerrar los negocios, como ha ocurrido en otros países.

Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Fuente: El Mundo

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