La ampliación de plazos permitió mantener estables los concursos en 2020, pero los negocios ven cada vez menos salida
Una parte de las empresas no tendrá más remedio que echar el cierre cuando acabe la protección legal con la que cuentan desde hace un año. Es prácticamente la misma situación en la que se encuentran buena parte de los 900.000 trabajadores en ERTE, cuyo futuro no tiene por qué ser el paro, aunque tampoco la vuelta a su puesto de trabajo. Tras 12 meses de crisis -con su primer gran confinamiento, las posteriores limitaciones del verano y las restricciones de la segunda ola-, cada vez más negocios optan por el cierre frente a la posibilidad de presentar un concurso de acreedores (las antiguas quiebras judiciales) para tratar de salvar su futuro.
Desde el pasado mes de septiembre, la tendencia es clara: el número de empresas que han presentado declaración de concurso de acreedores ha ido incrementándose: un 25% tras el verano; un 26% en noviembre; y hasta un 30% en diciembre, según los datos de los Registradores. En enero, con los registros más actualizados, la situación se ha estabilizado mínimamente.
Esta realidad contrasta con la que las empresas han vivido durante el año de la pandemia: una gran bolsa de negocios sobreviven casi como si fueran ‘zombis’ a la espera de una liquidación a la que saben que están abocados. Solo así se explica que en 2020 el número de compañías que presentó concurso de acreedores fuera inferior a las que lo hicieron en 2019. El año de la pandemia ha cerrado con 3.428 expedientes, frente a los 3.632 del ejercicio anterior o los 3.614 de 2018, dos años en los que la economía se encontraba en recuperación.
Resulta aparentemente incoherente que en un periodo marcado por una grave crisis como la del coronavirus apenas hubiera quiebras legales. El portavoz y vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, aclara estos datos: «El año pasado, con los decretos aprobados por el Gobierno sobre los concursos de acreedores, desapareció la obligación de presentarlos», apunta. Hasta marzo, si una empresa estaba en situación de insolvencia (fundamentalmente, que no podía cumplir con sus obligaciones económicas para pagar a sus acreedores), tenía dos meses para solicitar el concurso. Desde el primer estado de alarma desapareció esta obligación. «Y ello, junto a la parálisis en las actuaciones judiciales de marzo a junio, provoca que el número de concursos de acreedores sea inferior al de 2019 cuando la situación económica y empresarial es mucho peor», sostiene Tabarés.
Por ello, el portavoz de los Registradores anticipa «la posibilidad de que haya un incremento importante en el número de concursos» durante este año.
Fuente: El Comercio