El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, ha participado este martes en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, celebrada en el Congreso de los Diputados para exponer las demandas del sector del comercio en cuanto a la recuperación pos-Covi-19 y el aprovechamiento de los Fondos Europeos.

Así, ha recordado que, en términos generales el sector se encuentra en una situación muy complicada ya que, según datos de esta organización, el comercio minorista ha registrado en 2020 una caída de facturación acumulada sin precedentes (20%-25% de media). Y es que, “tras casi un año de cierres forzados de establecimientos, de continuas y rigurosas limitaciones en su actividad, son muchas las empresas del sector que se encuentran en una situación muy vulnerable”, ha asegurado Campo.

En concreto, los datos reales indican unas pérdidas de facturación de 12.000 millones de euros que ya ha provocado el cierre de cerca de 63.000 negocios. “Un escenario que, según los principales servicios de estudios, seguirá empeorando debido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas. En términos de empleo, en 2020, el conjunto del comercio cerró el año con una caída de 94.000 afiliados respecto a 2019. Una cifra que se espera se vea incrementada notablemente cuando finalicen los ERTEs”, ha añadido el presidente de la CEC.

A este respecto, Campo ha señalado la necesidad de abordar un plan económico y políticas concretas para el sector de comercio en estrecha colaboración con las organizaciones empresariales más representativas del sector “como legitimas y exclusivas representantes de comercio a efectos de interlocución y expresión de los intereses empresariales y sectoriales”.

En lo que respecta a las ayudas directas a autónomos y empresas aprobadas por el Gobierno, la patronal de comercio rechaza el criterio restrictivo basado en el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) al entender que excluye a un número importante de empresas en situación de gran vulnerabilidad. En consecuencia, Campo ha solicitado que “el único criterio aplicable para acceder a estas ayudas se base en criterios económicos y no por sectores de actividad o, en su defecto, que se permita a las comunidades autónomas ampliar en las convocatorias los CNAES del anexo y extenderlo a otras empresas de comercio y servicios de modo que puedan acceder a las ayudas”.

Asimismo, la Confederación propone la creación de las Oficinas Técnicas de apoyo digital al comercio local con el objetivo de potenciar e incentivar la digitalización del sector, con especial atención a la micropyme. En este sentido, “dada su capilaridad y capacidad de influencia en el sector”, Campo ha defendido el potencial de la Confederación para actuar como “nexo entre la Administración y el sector de Comercio, para dar apoyo administrativo en los proyectos de apoyo al sector así como para la gestión, difusión y canalización de las ayudas en las diferentes comunidades autónomas”.

Medidas de recuperación del sector

El presidente de la patronal ha presentado asimismo al Gobierno un conjunto de medidas orientadas a la recuperación del sector en “el día después”. Entre ellas, Campo ha señalado la necesidad de “establecer una moratoria legislativa que no añada más complejidad a la ya de por sí difícil gestión de las más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales que soportan en la actualidad los establecimientos de comercio en España, máxime en un periodo en el que está en juego la supervivencia de miles de comercios”.

En esta línea, y en cuanto a los costes normativos de naturaleza medioambiental, Campo ha reafirmado el “total compromiso del sector con la sostenibilidad”, pero ha reclamado “iniciativas eficientes y eficaces impulsadas por las administraciones dado el alto coste que suponen”. En este sentido, ha criticado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio para la gestión de envases, “por su incompatibilidad con el modelo de distribución comercial, especialmente el del pequeño comercio, y por su discutible impacto en términos de mejora de las tasas de reciclado”.

Poner coto al hurto multirreincidente a través de una modificación del código penal que castigue la multirreincidencia; suspender la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo por el “impacto negativo que podría tener sobre la economía en un momento como el actual” y el acceso prioritario al plan de vacunación frente al Covid19 a los profesionales de la cadena de valor del gran consumo, han sido otras de las medidas expuestas por Campo durante su comparecencia.

Para finalizar, el presidente de la CEC ha reivindicado la importancia de proteger al comercio de proximidad frente a las grandes plataformas digitales, por su poder como agente vertebrador y dinamizador de la vida social y de la economía de los entornos en los que se ubican, además de como soporte en el fomento del turismo. Para ello ha solicitado campañas de sensibilización orientadas al consumidor y planes de digitalización a medida, que complementen y protejan el modelo tradicional de comercio, basado en la venta física.

Fuente: financialfood.es