El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto normativo para reducir la burocracia y garantizar un mercado único. Las empresas españolas que quieran operar en la región no necesitarán un permiso extra al que ya tienen

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de la Ley de Mercado Abierto, una herramienta con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere eliminar las trabas burocráticas e impositivas y contribuir a crear un mercado único en España. La norma, que se elevará ahora a la Asamblea para su tramitación durante los próximos meses, permitirá a cualquier empresa española instalarse en la región sin necesidad de solicitar una licencia adicional a la que ya tienen en sus lugares de origen. «Tiene como objetivo fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica», apuntan fuentes regionales.

Se trata de uno de los planes estrella de Ayuso desde su llegada al Ejecutivo y uno de sus compromisos electorales. La pretensión es establecer un mercado único y sin barreras administrativas para la libre circulación de las empresas y servicios, de modo que quien opera en cualquier punto de España de forma legal y quiera hacerlo en Madrid no necesite un permiso extra y se instale automáticamente. El proyecto de ley ha sido presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

El propio Lasquetty ha destacado que es uno de los proyectos «más importantes» del Gobierno, centrado en mejorar la actividad económica, la generación de empleo y riqueza y acabar con el exceso de regulación. «Nuevos impuestos y más leyes no es la solución», ha dicho el dirigente popular, que ha señalado que la norma surge de la ley de unidad de mercado impulsada por Mariano Rajoy en 2013, pero que no se asentó porque la competencia era de las comunidades autónomas.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que el objetivo es contribuir a un mercado único en toda España en la medida que pueda dentro de sus atribuciones. Así, este es un paso más en la misión de convertir a Madrid en un oasis de libertad frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, después de suprimir todos los impuestos propios o impulsar la Ley de Autonomía Financiera. Cualquier movimiento aspira a multiplicar la inversión en un momento extremadamente complejo por los efectos de la pandemia. «La ley no solo contribuirá de forma eficaz a la simplificación administrativa, sino que potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica», reiteran en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La Ley de Mercado Abierto, explican en la Consejería de Hacienda, también incluye el compromiso de eliminar la regulación en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que en otras comunidades autónomas. En Sol añaden que la medida se aplicará a los productos que se comercialicen en el resto del territorio nacional. «Podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan», añaden. Todo, no obstante, supeditado a que tenga el visto bueno de la Cámara.

Crecimiento del PIB

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso calcula que la norma, una vez entre en vigor, repercutirá positivamente en el PIB regional, con un aumento en torno al 1,6% a medio y largo plazo. Esto, detallan, se traducirá en 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que la ley es una respuesta a las reclamaciones de organismos como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco de España, que llevan años advirtiendo de la necesidad de garantizar un mercado único.

El proyecto de ley alimenta ahora la teoría de un posible rechazo a la Comunidad de Madrid por parte de otros territorios, especialmente los gobernados por el PSOE, con denuncias como el supuesto ‘dumping’ fiscal. Preguntado por esta cuestión, Lasquetty lo ha negado y ha dicho que precisamente es todo lo contrario. «Damos facilidades, no imponemos nada, al revés», ha declarado el consejero de Hacienda, que ha puesto el ejemplo de cómo una empresa que monta ascensores en Galicia podría hacerlo en Madrid sin otro requisito que los pertinentes controles de seguridad y la comprobación de que el permiso en esa región está en regla.

Fuente: El Confidencial