La CEOE mantiene su rechazo al nuevo sistema de cotización a la espera de la oferta que enviará el Gobierno esta semana para buscar el acuerdo

El Gobierno intenta acercar posturas con los autónomos cuando falta menos de un mes para que termine el plazo acordado con Bruselas para tener listo el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales que se aplicará a partir de 2023. Pero por el momento sin éxito. La patronal persiste en su rotundo rechazo a la propuesta de cuotas que hay encima de la mesa y por ello el Ministerio de Seguridad Social se ha comprometido a enviar a lo largo de esta semana un nuevo documento en el que se incluyan las peticiones realizadas en la reunión mantenida este lunes, según informó a este periódico el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien advirtió que si el nuevo texto no se acerca a la propuesta que hicieron los empresarios y rebaja por tanto las cotizaciones de los que ganan más de 1.700 euros «será muy difícil un acuerdo» con la CEOE.

Sin embargo, sí ha habido avances en lo referente al nuevo sistema de protección que amplía y mejora las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia y el acuerdo aquí sí parece estar prácticamente cerrado, según fuentes cercanas a la negociación. El departamento dirigido por José Luis Escrivá presentó un nuevo esquema que incorpora la filosofía de los ERTE e incluye cuatro modelos distintos de cese de actividad, el denominado ‘paro’ de los autónomos, según avanzó el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Así, el cese de actividad extraordinario que se puso en marcha durante la pandemia se convertirá en permanente para aquellos casos donde se requiera de un rescate extraordinario, como por ejemplo el cierre de la hostelería que se decretó durante esta crisis sanitaria. Por su parte, el tradicional cese de actividad ordinario -hasta ahora la única prestación existente- se reestructura y amplía a tres esquemas diferentes: el cese de actividad sectorial, para sectores que puedan estar especialmente damnificados por el motivo que sea; el cese ordinario de fuerza mayor, para los autónomos que tengan una situación de debilidad o fragilidad en su negocio; y, a su vez, habrá un reforzamiento para todos los autónomos que de manera temporal tengan que suspender su actividad.

En cualquiera de estos esquemas de protección el autónomo percibirá el 50% de su base de cotización durante seis meses y tendrá que demostrar una pérdida de facturación del 75% y rentas inferiores al SMI.

«Hachazo» del Gobierno

La propuesta que presentó el Gobierno la semana pasada -tal y como adelantó este periódico- plantea que en los seis primeros tramos, correspondientes a rendimientos netos de entre 670 y 1.700 euros mensuales, los autónomos paguen a la Seguridad Social entre 250 y 294 euros de cuota mensual, lo que supondría rebajas de entre 52 y 65 euros respecto a lo que pagan ahora en promedio mensual, según cálculos de UPTA.

Por contra, en los siete tramos restantes, que van desde los 1.701 a 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 400 y 550 euros al mes, lo que supone entre 35 y 107 euros más al mes en comparación con la media actual que ofrece el ministerio, pero hasta 256 euros más al mes para los que hayan elegido la base mínima.

«No podemos estar de acuerdo con que a casi un millón de autónomos se les dé un hachazo», denunció el presidente de ATA, que demanda al Gobierno acercarse a su propuesta, que establecía una cuota máxima de 400 euros en 2025.

El presidente de UPTA, sin embargo, ve «perfectamente asumible» la propuesta del Ejecutivo, que hará que «2,4 millones de autónomos bajen su esfuerzo contributivo entre 400 y 1.050 euros al año y apenas supondrá un ascenso de la cotización para los que tienen ingresos más altos, puesto que las medias de las cotizaciones que pagan ahora apenas suponen una diferencia del 20%».

Uatae, por su parte, pidió al Ministerio de Seguridad Social que haga un mayor esfuerzo para bajar las cuotas de los tramos con menores ingresos a fin de «que no sean éstos los que financien el sistema».

Fuente: Las Provincias

Etiquetas: