Mientras persistan las circunstancias que aconsejen una intervención y cuando, en un sector determinado, «se aprecia ausencia de competencia efectiva»

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable». Sus declaraciones se enmarcan en un contexto en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación y, según publica El Economista, acusa a los supermercados de operar como un oligopolio para topar sus precios.

El Ministerio de Trabajo acogía este lunes la primera toma de contacto entre Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, las asociaciones de consumidores y las patronales de las grandes cadenas de distribución -Anged, ACES y Asedas-. Mientras que los representantes gubernamentales les pidieron hacer «un esfuerzo», al tratarse de empresas que tienen «márgenes», las organizaciones empresariales presentes en la reunión se mostraron contrarias a limitar los precios o a bajar sus márgenes, considerando ineficaz y posiblemente generador de «distorsiones al mercado» lo que se le solicita.

Pero, ante el desencuentro, la titular de Trabajo tiene una potente bala en la recámara en forma de Ley de Comercio Minorista, cuyo artículo 13 permite una posible intervención gubernamental en los precios «previa audiencia de los sectores afectados».

En concreto, faculta a «fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos», en ciertos casos y de forma excepcional.

Así, «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecia ausencia de competencia efectiva». 

Fuente: El Periódico