Las patronales advierten de que la iniciativa para que los súper limiten precios erosionaría la ya debilitada cuota de mercado de las tiendas de proximidad

La propuesta de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, para que las grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Lidl limiten los precios de una serie de productos básicos de la cesta de la compra ha generado división de opiniones en el Gobierno y recelo en el sector de la distribución. Pero, sobre todo, ha indignado al pequeño comercio, que teme perder aún más cuota de mercado si se pone en marcha la medida. La Confederación Española de Comercio (CEC) manifestó este viernes su “absoluto rechazo y malestar” ante la iniciativa de la vicepresidenta segunda, que también ha topado con la oposición de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que la considera contraria al libre mercado y perjudicial para tenderos, fruteros y pescaderos.

Las cuotas de las grandes cadenas ha ido creciendo en los últimos años y la CEC teme que la tendencia vaya rápidamente a más. Sobre todo, porque el pequeño comercio también lleva meses soportando un incremento extraordinario de sus costes por el alza de los precios de la energía y los problemas de suministro. “De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre los consumidores para comprar en las grandes cadenas”, apunta la patronal, que considera que el pequeño comercio “no puede competir en márgenes ni asumir los costes”. Es decir, que si las grandes de la distribución se acogen a la medida, los usuarios pueden acudir más a sus tiendas animados por el mensaje de que hay más productos en oferta. La organización, que representa a 435.000 empresas de comercio minorista en España, advierte de que “un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios”.

La asociación ATA percibe, además, problemas de competencia por el riesgo de pacto de precios. “Cuidado, porque hay que hablar con la industria agroalimentaria, porque indudablemente poner topes puede dañar a los productores, a los ganaderos, a los agricultores, pero también daña al pequeño comercio, que no tiene la misma capacidad de competir. Parece que estamos como siempre intentando señalar al tendero, al frutero y al pescadero”, explica su presidente, Lorenzo Amor.

Preguntada al respecto, la ministra Díaz afirmó este viernes en Bilbao que son las grandes empresas “las que tienen que aportar más”, informa Paula Chouza. “Al pequeño comercio no le podemos pedir más y aprovecho para pedir que se compre en el comercio local, próximo, en la medida de nuestras posibilidades”, añadió.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también se refirió a las pequeñas tiendas de barrio y dijo que había que contar con el comercio para poner en marcha cualquier estrategia: “La industria de la distribución está sometida a una gran competencia y, por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que haya un reequilibrio en cuanto a esa cesta básica que está proponiendo la vicepresidenta segunda, pero también sin perjudicar al pequeño comercio, que siempre compite en desigualdad con la distribución”. Las cadenas de supermercados llevan años arañando mercado al comercio más tradicional. Según los últimos datos de la consultora Kantar, la cuota conjunta de la gran distribución organizada en cuanto a la venta de productos frescos perecederos ha pasado del 75,9% al 78% desde 2019.

La propuesta de la titular de Empleo, secundada desde el primer momento por el de Consumo, Alberto Garzón, fue lanzada el lunes en una entrevista con ElDiario.esen la que afirmaba que quería “un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos”. Después, la ministra ha ido aclarando que el acuerdo no sería con el Gobierno, sino entre empresas y consumidores. Tras ser criticada por intervencionista, dijo que más que topar precios se trata de recomendar que se elabore “una cesta básica con un precio asequible” e insistió en que el papel del Ejecutivo era propiciar un entendimiento.

Así, la iniciativa consiste en que los supermercados diseñen, contra sus propios márgenes, una cesta de productos básicos con precios limitados y cuya composición (pescado, carne, fruta, huevos y verduras) varíe cada semana, hasta pasadas las Navidades. El objetivo: paliar los efectos de la inflación, que se situó en el 10,4% en agosto. Según un estudio reciente de la consultora Nielsen, la cesta de la compra se ha encarecido casi un 12% en el último año.

Composición de la cesta

¿Cómo debería ser esa cesta? Hay pocos detalles al respecto. El grupo francés Carrefour se apresuró a lanzar el miércoles una oferta de 30 productos por 30 euros, que se activará el lunes. Su director ejecutivo en España, Alexandre de Palmas, se reunió el jueves con Díaz y Garzón para explicarle su iniciativa. En Francia, esta cadena de distribución ya congeló en agosto los precios de 100 productos de uso diario durante 100 días, hasta el 30 de noviembre, para proteger el poder adquisitivo de las familias.

Esta medida no resulta novedosa en Francia. En 2011, en plenas turbulencias económicas en la zona euro, el entonces presidente, Nicolas Sarkozy, reunió a las grandes empresas de distribución para crear “una cesta de imprescindibles”. Eran diez productos con al menos uno de estas categorías: fruta, verdura, carne, pescado, queso o leche y una bebida, sin un tope de precio. Las empresas se comprometieron a buscar combinaciones para ofrecer esa mini cesta básica y sus productos se renovaban al menos una vez a la semana. Carrefour ya participó entonces en aquella iniciativa.

El plan de Díaz también recuerda al programa de Precios Cuidados puesto en marcha en Argentina, en 2014, por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ha sido heredado por el actual presidente, Alberto Fernández. No parece que haya funcionado: la inflación sigue disparada, lo que ha causado un mercado negro sobre esos productos e incluso el desabastecimiento.

Carrefour es, al menos de momento, la única empresa que ha mostrado su entusiasmo por la propuesta de Díaz. Las patronales del sector, Asedas (Mercadona, Lidl, Spar o Condis), ACES (Carrefour, Alcampo, Eroski y Supercor) y Anged (centros comerciales como El Corte Inglés), esperarán a reunirse con la ministra el próximo lunes para pronunciarse oficialmente. Pero fuentes del sector han mostrado de estos días de forma informal su inquietud por la medida. Los grandes grupos de distribución defienden desde hace meses que son de los que más han tardado en repercutir la subida de sus costes al precio final al consumidor y abogan por una reducción del IVA en alimentación para contener los precios. El mercado español presume de ser competitivo: los precios están de media de cinco puntos por debajo de la UE, según Eurostat. En la reunión del lunes también participarán organizaciones de consumidores como la OCU y Facua.

La idea de Díaz se ha topado estos días con diversidad de puntos de vista en el seno del Gobierno. Uno de los más directos ha sido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Junto con Industria, son las dos únicas carteras con competencias directas en la cadena alimentaria y el comercio. Planas ha insistido en que la intervención de precios es una medida excepcional que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es: “Nadie tiene en su mano fijar precios”, dijo este viernes.

En un tono similar, fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, puntualizaron el jueves que lo importante es que los márgenes de las empresas se mantengan estables y que funcione la competencia. La responsable de Defensa, Margarita Robles, ha sido sin duda la más dura al decir que estas medidas “no le corresponden” a Díaz y que, aunque lo haya hecho “con la mejor voluntad”, hay datos técnicos que “hay conocer”: “No se puede decir ‘’qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien”, sentenció el jueves. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también ha mostrado su preocupación por el efecto negativo sobre el pequeño comercio.

Fuente: El País