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Solo un 10% de los comercios cumple con la normativa de puertas automáticas

Hoy entra en vigor la nueva ley que afecta a entre 100.000 y 120.000 establecimientos españoles y la patronal pide una moratoria de tres meses

Apenas un 10% de los comercios españoles cumplirá con la nueva normativa que les obliga a contar con un sistema automático que mantenga las puertas cerradas para conservar la temperatura interior, según estableció el Gobierno en el decreto de ahorro energético aprobado en el pasado mes de agosto, según estima la Confederación Española de Comercio en un comunicado publicado este viernes, cuando entra en vigor esta medida.

La patronal del comercio expone varias razones. En primer lugar, la ausencia de un plazo realista y razonable para acometer estas modificaciones, ya que se calcula que hay entre 100.000 y 120.000 establecimientos en España que necesitan esta adecuación. «Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta», advirtió Rafael Torres, presidente de CEC.

En cualquier caso, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley, por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios y, por tanto, «lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir», señaló Torres.

Por último, el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por valor de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. Desde la patronal del comercio indican que «la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago». Para acometer estas modificaciones la CEC estima la necesidad de destinar unos 200 millones de euros.

Por todo ello, desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoria razonable de al menos 3 meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar.

Fuente: Las Provincias

AGECU