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La ley dará un año a las tiendas de perros y gatos para liquidar existencias

Unidas Podemos y PSOE pactan salvar los delfinarios y obligar a las compañías aéreas a transportar a los animales de compañía en la ley de Bienestar Animal.

La tramitación parlamentaria de la futura ley de Bienestar Animal se ha visto eclipsada por el pulso público entre los socialistas, que quieren dejar fuera de la norma a los perros de caza, y Unidas Podemos y buena parte de los aliados parlamentarios del Gobierno, que no están dispuestos a aceptar que se produzca tal exclusión. Sin embargo, los dos socios en el Ejecutivo han pactado un paquete conjunto de 14 enmiendas al proyecto de ley que ellos mismos aprobaron en agosto en el Consejo de Ministros, que tiene altas posibilidades de terminar incorporado en al texto definitivo que aprueben Congreso y Senado.

Una de las novedades prevé un período transitorio para que los establecimientos de venta de mascotas cuenten al menos con un tiempo mínimo para liquidar su negocio. La ley prohibirá la venta de perros, gatos y hurones en tiendas y cualquier otro tipo de exhibición pública con fines comerciales. La enmienda indica que estos comercios contarán con un máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley para finalizar la venta pública de estas especies. Para evitar la compra compulsiva, la norma solo autoriza la adquisición directa al criador, sin intermediarios.

Otro cambio llamativo que los socios gubernamentales quieren incorporar al texto es la obligación que tendrán las compañías aéreas de adoptar las medidas precisas para «garantizar» el transporte de los animales de compañía de sus viajeros siempre que estos respeten las condiciones de higiene y seguridad de los operadores. El texto original pedía este servicio solo a las compañías ferroviarias. Ahora lo amplía a los aviones y además lo establece como una obligación. Los proponentes dicen estar pensando especialmente en los territorios insulares, que no tienen otra alternativa de transporte.

El tiro al pichón, en el alero

La tercera enmienda conjunta de calado es la que acepta salvar los delfinarios, prácticamente abocados al cierre en el texto original. Pero, eso sí, imponiéndoles una condiciones estrictas de funcionamiento. A partir de 2026, los establecimientos que deseen criar y exhibir a delfines, orcas y otros cetáceos en cautividad tendrán que disponer de las instalaciones, el mantenimiento y los profesionales idóneos para esta labor, equipamientos, personal y condiciones de vida de los animales que se auditarán cada cinco años por expertos independientes. Los centros, además, tendrán que contar con un especialista en bienestar animal, con un comité de ética con expertos externos y participar en programas de investigación para el conocimiento, divulgación y preservación de la fauna marina.

Un cuarto cambio prevé la reubicación, cuando se den condiciones excepcionales que así lo aconsejen, de una colonia felina estable. Se retiraría de su emplazamiento habitual para ser trasladada a uno nuevo y acondicionado a tal efecto. Eso sí, según aclara la nueva redacción que le da al texto la enmienda, «siempre (se hará) con la supervisión de un profesional veterinario y respetando el bienestar y salud» de estos gatos comunitarios.

Si el PSOE termina por salirse con la suya de una u otra manera y los perros de caza no son regulados por esta ley, la misma polémica enmienda socialista prevé también suspender la prohibición que el actual proyecto gubernamental incorpora en el apartado f) del artículo 25. Con el cambio que persigue el PSOE también saldría de la ley la prohibición del tiro al pichón.

Fuente: Heraldo

AGECU