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¿Por qué no avanzan las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas?

Aunque el panorama está cambiando a una velocidad poco imaginable hace unos años, la fotografía de una ciudad contaminada, ruidosa, con atascos y malos humos todavía es una imagen que nos encontramos habitualmente, porque se habla más de lo que se hace, al menos de momento.

Pero, ¿qué impide el avance de las Zonas de Bajas Emisiones?

Que queremos acabar con la contaminación del aire (provoca más de 300.000 muertes prematuras en Europa cada año y cerca de cinco millones en todo el mundo) es algo asumido por los gobiernos locales, por otras administraciones y por la sociedad en su conjunto. 

El cómo hacerlo ya es motivo de conflicto e intereses cruzados. Donde unos encuentran ventajas en la restricción del tráfico en los centros urbanos para reducir la contaminación y mejorar la calidad del espacio público, otros ven cómo se cercena su libertad de movimientos o cómo se le ponen más trabas al pequeño comercio…

De un modo u otro hay que actuar, porque España incumple sistemáticamente los límites marcados por la Directiva del Aire de la Unión Europea de 2008.De hecho, hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la UE condenó formalmente a España por este incumplimiento, concretamente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la ciudad de Madrid. Aunque todavía esta condena no se ha traducido en una multa, en 2022 la AMB ha vuelto a superar los límites exigidos, mientras que Madrid se ha quedado justo en lo permitido, que son 40 microgramos por metro cúbico (mg/m3) de dióxido de nitrógeno (NO2). En todo caso, la condena de la UE se refiere al incumplimiento sistemático desde 2010 a 2018. 

Además, la UE quiere endurecer las limitaciones de NO2 para 2030, pasando de un máximo actual permitido de 40 mg/m3 a 20 mg/m3, tal y como aconseja la Organización Mundial de la Salud, OMS. De estar vigente hoy este nuevo límite, 80 ciudades españolas y todas las capitales europeas no cumplirían la norma. 

Cerrar los centros urbanos

En todo caso, la Ley de Cambio Climático aprobada en España en mayo de 2021 incluye una medida tajante para mejorar la calidad del aire urbano: las ciudades de más de 50.000 habitantes, incluyendo todas las capitales de provincia aunque no lleguen a esta cifra, deberían tener implantada a 1 de enero de 2023 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Hay que pensar que cualquier medida para reducir las emisiones de C02 del transporte también influyen positivamente en la disminución de los elementos contaminantes del aire, como el dióxido de carbono antes mencionado, monóxido de carbono, dióxido de azufre o las llamadas partículas contaminantes.

Pero ya estamos a mediados de enero y solo una veintena de ciudades tienen algún tipo de restricción que se pueda denominar como ZBE. A las ya conocidas de Madrid y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), se han sumado otras urbes como SevillaZaragozaPontevedra o Pamplona, en unos casos como consecuencia natural y evolutiva de sus políticas de movilidad sostenible, como es el caso de la ciudad gallega y de la capital navarra, y en otros con restricciones muy laxas y en áreas de poca extensión. Por ejemplo, la ZBE de Zaragoza sólo prohíbe la circulación de coches sin etiqueta de no residentes, mientras que la de Sevilla es una pequeña zona en la isla de la Cartuja con un horario muy limitado. 

No obstante, sí se ha endurecido en algunas ciudades la capacidad de circulación a los vehículos más contaminantes. Por ejemplo, a partir de este mes los vehículos sin etiqueta ambiental (de no residentes) no podrán circular por la M30 de Madrid ni por el interior de su anillo, la llamada almendra de Madrid.

Disparidad de criterios

Pero ¿por qué las ciudades no han hecho los “deberes” a estas alturas? Pues hay disparidad de opiniones al respecto según se valoren los tiempos y los avances en la normativa. 

Tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático, en noviembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  (MITERD) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicaron una Guía de “Directrices para la implantación de una ZBE”, explicando cómo se implementa, qué modalidades hay, cuáles son sus requisitos mínimos, etc. Según el Ministerio, este documento era más que suficiente para que las ciudades comenzarán a instalar sus Zonas de Bajas Emisiones. 

Sin embargo, muchos municipios entendieron que esta Guía no tenía rango legal y que no sentaba las bases que permitiera una exactitud en los términos técnicos y la necesaria seguridad jurídica a la hora de instalar una Zona Baja de Emisiones (recordad que un juez “tumbó” la ZBE de Barcelona, o que hubo sentencias dispares sobre la de Madrid). Por tanto, la gran mayoría de municipios de más de 50.000 habitantes decidieron esperar a la publicación de un Real Decreto que sí aportara esa cobertura técnica, legal y jurídica. Y el Real Decreto llegó, pero el 27 de diciembre de 2022, a tan solo cinco días de cumplirse el plazo establecido en la Ley de Cambio Climático. 

Aunque el Ministerio ha venido insistiendo durante todo 2022 que con la Guía de directrices era suficiente, ya se veía venir que a 1 de enero de 2023 la mayoría de las ciudades no iban a cumplir con la obligación de tener en marcha su ZBE. Con unas elecciones municipales a la vista, y aun habiendo dos partidas que suman 600 millones de euros de los fondos de recuperación para promover esta medida, no parece que vayamos a ver muchas ZBE nuevas a lo largo de 2023. 

Irán llegando, porque no solo se trata de reducir las sustancias contaminantes del aire, sino también de rebajar las emisiones de C02 y mejorar la calidad del espacio público. En definitiva, de regenerar los centros urbanos haciéndolos más amables, saludables y sostenibles. 

Fuente: hablandoenvidrio

AGECU