Durísima sentencia contra el eje verde de Consell de Cent, una reforma que está a punto de terminarse y que según una magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona, deberá revertirse y que la calle vuelva a su estado anterior.
La jueza, en el fallo judicial al que ha tenido acceso este diario, da la razón a Barcelona Oberta, lobi del sector comercial turístico que presentó un recurso contra la aprobación de esta transformación urbanística en la comisión de gobierno celebrada el 26 de mayo de 2022, al considerar, entre otras cosas, que se realizaba «una modificación encubierta del plan general metropolitano, en la medida en que convierte un vial en un espacio libre».
La sentencia es un duro golpe para el consistorio, no tanto porque eche por tierra uno de los proyectos urbanísticos más importantes del último mandato, sino porque, textualmente, insta al ayuntamiento a dar marcha atrás, al condenar a la Administración a «retornar las actuaciones en el estado en el que se encontraban con anterioridad a su actuación«. Es decir, que Consell de Cent, concretamente el tramo entre Casanova y Bruc y la nueva plaza generada en el cruce con Enric Granados, que son las partes objeto de la demanda, debe ser de nuevo una calle como cualquier otra del Eixample, con su calzada para coches y carril bici y sus aceras de casi cinco metros en los costados.
Criterio medioambiental
La sentencia no entra en los objetivos del proyecto Superilla Barcelona, esto es, crearcalles con la prioridad invertida, de manera que los peatones y los ciclistas pasen por delante de los vehículos privados a través de un urbanismo que incrementa las zonas verdes, elimina a calzada y restringe el paso de los coches. «Esta necesidad -reza el fallo, en referencia al viaje hacia una movilidad más sostenible- viene dada por muchas razones ligadas, en su mayor parte, a las exigencias impuestas por la normativa en materia de medio ambiente». La de aquí y la de Europa, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó en diciembre de 2022 a España por el incumplimiento sistemático de Barcelona y Madrid de la directiva europea sobre calidad del aire durante al menos ocho años.
Fuente: El Periódico