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Hace meses Barcelona lanzó la «tasa Amazon» para regular el reparto en sus calles. No ha salido como esperaba

Se lanzó en marzo para «regular el uso del espacio público» y por la preocupación ante «el desequilibrio de la competencia con el comercio de proximidad»

Meses después acumula varios recursos y una sentencia de la Audiencia Nacional que dejaría fuera del gravamen a Amazon, el gigante del e-commerce

Cuando en febrero Barcelona aprobó un tributo para grabar el reparto del comercio online (TREC), la famosa «tasa Amazon», sus dirigentes municipales presumían de ser pioneros en España. Lo subrayaban entonces igual que lo habían recalcado a lo largo de toda el complejo y largo debate que precedió a la medida. «Barcelona es la primera ciudad del Estado que crea una tasa para las grandes plataformas de paquetería”, proclamaba el teniente de alcalde, Jordi Martí.

Meses después y con la TREC ya activada desde hace casi un año, nadie puede discutirle a la capital catalana su carácter rompedor y pionero. Tampoco que el despliegue del tributo está siendo más accidentado y difícil de lo previsto.

De sujetos activos, a pasivos. Así presentaba Jordi Martí la iniciativa hace justo un año. Su objetivo, explicaba, era crear una tasa pensada para «las grandes plataformas de paquetería» y que compensase a Barcelona por el impacto de los repartos, mayor a medida que los cambios en el consumo y la herencia de la pandemia hacían crecer el e-commerce y el trasiego de furgonetas.

La lógica del tributo era sencilla: resarcir al municipio por el «aprovechamiento» del espacio público del que disfrutaban las grandes empresas y, de paso, «acabar con la injusticia social». «Desde el punto de vista de la Hacienda pública, el espacio para un uso económico hasta ahora era gratuito y ahora tendrá un coste», incidía en 2022 la concejala Montse Ballarín en declaraciones recogidas por El País.

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Letra pequeña y visto bueno. La medida se aprobó en el pleno municipal a finales de febrero con los votos favorables de los partidos en el Gobierno, ERC, Cs y JxCAT y entró en vigor poco después, en marzo. El objetivo, insistía el Consistorio, por entonces liderado por Ada Colau, era «combatir» los efectos negativos del cada vez mayor trasiego de paquetes generado por el boom del e-commerce, un flujo que —esgrimía el Consistorio— empeora el tráfico, aumenta la contaminación y causa un «desequilibro de la competencia con el comercio de proximidad».

¿Cómo? La apuesta de Barcelona pasaba por activar una tasa pensada para los «grandes operadores postales de comercio electrónico» con una «actividad masiva», más de un millón de euros en ingresos brutos y dedicadas al reparto a domicilio.

Los matices son importantes porque muestran que la tasa centra el foco en las grandes corporaciones y excluye ciertas actividades. En el comunicado en el que informaba de la aprobación de la TREC el propio Consistorio aclara que la nueva regulación no afectaría a los movimientos entre empresas, los transportes que se realizan sin un vehículo de cuatro ruedas y a puntos de recogida o la distribución de mercancías que, por ejemplo, pueda hacer un negocio local con su propia flota.

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Hasta 2,6 millones de euros. Esa es la cantidad tope que podrán sumar, en conjunto, las operadoras que abonarán la nueva tasa. La cifra no es aleatoria. Para calcularla, con ayuda de la Universidad de Barcelona, el Consistorio tuvo en cuenta el coste que tendría el «aprovechamiento» de unas 8.300 plazas de aparcamiento. Teniendo en cuenta el negocio de los operadores, los expertos calcularon además un tipo impositivo: el 1,25% de la facturación anual de cada empresa.

¿Qué significa eso? Teniendo en cuenta que el tributo se gestiona en régimen de autoliquidación, supone que en julio de 2024 los grandes operadores postales que facturen más de un millón de euros y se ajusten a lo descrito en la norma deberán abonar la suma correspondiente a la tasa. El País señalaba en marzo que había 26 empresas que se ajustaban a ese perfil. A nivel nacional, DBK calculaba en 2022 que solo las cinco principales compañías de paquetería —Nacex, DHL, Seur, GLS y Correos— acaparaban alrededor del 52% de la distribución a escala estatal.

El rechazo de la patronal. La «tasa Amazon» se topó con detractores antes incluso de aprobarse. Uno de los principales ha sido la patronal de la logística y el transporte, UNO, que ve la medida «discriminatoria» y ha advertido de sus posibles efectos en el comercio. «Incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligadas a asumir mayores costes o repercutírselos a sus clientes», señala su presidente, Francisco Aranda.

No es el único. En junio la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) publicó un artículo en el que valoraba los pros y contras del tributo. Y en él advierte de que puede afectar también a pequeños negocios y repercutir en el consumidor final. «Hay mucho pequeño comercio que empieza a vender en línea y está usando los servicios de estas grandes distribuidores. Una pequeña zapatería de barrio puede estar contratando a UPS», advertía Ana Isabel Jiménez-Zarco, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la institución catalana.

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Recursos de Competencia. La tasa se ha encontrado también con sendos recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoritat Catalana de Competència (ACCO). La primera presentó el suyo en julio, apenas cinco meses después de la entrada en vigor del tributo, al considerar que la norma «distorsiona la competencia» al gravar únicamente la entrega de productos compradas por Internet y no los adquiridos a través de otros canales.

«Grava el uso del espacio público urbano para las entregas de bienes en el domicilio de los consumidores, pero solo cuando los productos se compran por Internet —abunda Competencia—. No se aplica a las entregas a domicilio de bienes adquiridos en tiendas físicas o mediante venta telefónica ni a las entregas que no haga un operador postal, aunque se trate de una compra hecha mediante comercio electrónico. Un ejemplo sería la entrega de una compra de un comercio con una furgoneta del propio comerciante, aunque se haya realizado por Internet».

Obstáculos para la competencia. «Varias medidas de la ordenanza obstaculizan la competencia e introducen distorsiones en los mercados de la distribución comercial minorista y el de la distribución postal», sigue la CNMC, que antes de presentar su recurso se dirigió al Ayuntamiento para señalar los aspectos «problemáticos»: «Medidas desproporcionadas y que distorsionan la competencia al aplicarse de forma desigual según la forma de compra y entrega».

De nuevo, no son los únicos repartos de la Comisión, que considera que el hecho de que las compañías con facturaciones inferiores al millón de euros queden exentas del tributo «distorsiona la competencia» y «no está justificado».

«Discrimina injustamente». La tasa tampoco ha gustado a la ACCO, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la ordenanza de Barcelona al considerar que obstaculiza la competencia. «Discrimina injustificadamente entre competidores», advierte el organismo.

Una de las cuestiones en las que incide es en que la tasa grava únicamente a los operadores postales y exime a otras empresas de transporte y aquellos comercios que disponen de sus flotas de reparto pese a que su actividad y el impacto que puedan tener sobre el tráfico o el medio ambiente de Barcelona son similares.

El organismo regional también se pronuncia sobre otro de los objetivos del gravamen: solucionar posibles desequilibrios tributarios entre comerciantes tradicionales fuera de la Red y negocios online. «El Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que los operadores postales podrían repercutir la tasa a sus clientes, entre ellos también los pequeños comercios que han abierto un canal de venta online para ganar competitividad y que dependen de los operadores postales», zanja.

Una «tasa Amazon»… pero sin Amazon. Si hay una noticia que resulte chocante en la breve pero intensa historia de la TREC es que, por más paradójico que suena, la «tasa Amazon» podría dejar fuera a Amazon. Aunque siempre se ha señado al gigante del comercio online como uno de los grandes afectados, lo cierto es que la compañía tiene a su favor una sentencia reciente que reconoce que no se ajusta al tipo de empresa que estaría sujeto al pago del nuevo tributo.

Como publicaron El País y ABC en octubre, la Audiencia Nacional ha fallado que Amazon no es un operador postal, el tipo de compañía que debe hacer frente a la tasa de Barcelona. Su fallo no lo motiva de forma directa la TREC, pero sí puede afectarle de forma evidente, dejando a los de Andy Jassy fuera de su alcance.

¿Logística u operador postal? La Audiencia Nacional (AN) se pronuncia después de que la multinacional recurriese una resolución de 2020 en la que la CNMC concluía que Amazon Spain Fullfillement y Amazon Road Transport Spain tenían la consideración de empresas postales y, por lo tanto, debían cumplir con la normativa de ese sector.  La sentencia de la Audiencia Nacional, de julio, estima el recurso de Amazon, que alegaba que se encarga de «actividades de naturaleza logística», como el almacenaje, gestión y empaquetado. «Los servicios de transporte son contratados con terceros transportistas», apostilla.

La medida ya llevó a ERC a pedir una explicaciones y a Amazon ha mostrar su satisfacción: «Acogemos con satisfacción que se haya admitido nuestro recurso y estamos analizando sus implicaciones», reconocía en octubre un portavoz.

Fuente: Xakata

AGECU - Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos