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Frente de asociaciones vecinales de 15 ciudades españolas para afrontar la crisis de la vivienda

La ‘Declaración de Barcelona’ reclama aplicar la ley, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las ‘golden visa’ y aumentar las reservas para VPO

Las asociaciones de vecinos de Barcelona, Madrid y hasta una quincena de grandes ciudades españolas (Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Málaga, Murcia, Valladolid, Gijón y también Menorca o Galicia) agrupadas en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han presentado este lunes en la capital catalana un frente común para afrontar la crisis de la vivienda. Después de unos meses de trabajo que comenzaron con un debate en noviembre, han hecho pública la Declaración de Barcelona, en la reclaman que se aplique la Ley de Vivienda, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las ‘golden visa’ (que autoriza la residencia a extranjeros que hagan inversiones sustanciales) o aumentar las reservas para vivienda de protección oficial (VPO), entre otras medidas.

El presidente de la confederación estatal, Julio Molina, ha asegurado que el listado de propuestas y exigencias a las administraciones (ayuntamientos, comunidades y Ministerio, cada una en sus competencias) se difundirá entre las 120 federaciones y las 3.000 entidades vecinales repartidas por España. “Nos tomamos muy en serio el trabajo hecho, por la emergencia que las ciudades estamos padeciendo, es urgente que la gente no se tenga que marchar de su casa por las tensiones del mercado”. Desde la federación de asociaciones vecinales de Barcelona (FAVB) Ana Menéndez, se ha referido a la “gran crisis que vivimos en todo el Estado y que asola las ciudades y barrios”.

Entre las medidas concretas, las asociaciones vecinales parten de la necesidad de que se aplique la Ley de Vivienda, que entre otras cuestiones contempla la contención de los precios del alquiler, aunque depende de las comunidades autónomas y solo Cataluña ha pedido aplicarla. Además apuntan a ampliar las reservas para vivienda pública del 10% actual a hasta el 20%, o extender la medida vigente en Barcelona que obliga a los promotores a destinar un 30% de lo que construyen en suelo consolidado a vivienda pública. El documento también aborda dos de los fenómenos que han roto el mercado inmobiliario y que han provocado la salida de miles de viviendas a un mercado que no no es el de los vecinos: los alquileres de temporada y los pisos turísticos.

Desde la Asociación de Vecinos de la Derecha del Eixample de Barcelona, Jaume Artigues ha señalado que los “seis fenómenos clave que tensionan el mercado” en las grandes ciudades españolas, son la especulación que ha llevado a los precios a niveles de 2008; la gentrificación o expulsión de vecinos, sobre todo en las ciudades turísticas; las elevadas plusvalías que generan las compraventas; la falta de fiscalización del mercado global; el papel, débil a veces, de los poderes públicos (solo Cataluña tiene un registro de contratos de alquiler y fianzas, por ejemplo); y la falta de inversión en un parque público que sitúa España en la cola de los países europeos con vivienda de alquiler social.

Hay otras cuestiones más simbólicas en las propuestas de las entidades, como que la Ley del Suelo incluya la palabra “gentrificación” o que las plusvalías se regulen para favorecer, además de las compraventas, también el alquiler. Y que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sea progresivo. En el listado también figura limitar las compraventas los cuatro años siguientes a una mejora urbana de calado. U otras de compleja materialización, como “una Ley de Residencia por la que en cualquier adquisición de vivienda el propietario esté obligado a residir durante cuatro años”.

En el largo listado de demandas figuran ideas factibles como “incorporar el alquiler de plantas bajas como fuente de ampliación del parque de vivienda asequible” si se evitar la eliminación de la actividad comercial y no proliferan infraviviendas; pero otras de compleja materialización, como “la recuperación de los 77.000 millones de euros del rescate bancario, vía impositiva a las entidades financieras para destinarlo a vivienda social y asequible”.

Vía telemática en la presentación también han intervenido asociaciones vecinales de Valladolid y Madrid. Desde la primera, Marga García, ha subrayado “el parque público de vivienda escaso que en algunos casos se ha vendido a fondos de inversión” y ha pedido que cualquier inversión en vivienda social fije que tanto los pisos como el suelo sigan siendo públicos, “que no se puedan vender en ningún caso”. Desde Madrid, Quique Villalobos ha defendido “el derecho a la ciudad: tenemos que empujar para que los municipios se comprometan y exijan a las comunidades que creen zonas tensionadas para poder aplicar la Ley de Vivienda”.

El Incasòl construirá 637 pisos en 11 solares aportados por el Ayuntamiento de Barcelona

El Departamento de Territorio de la Generalitat, a través del Incasòl, construirá 637 viviendas en los primeros once solares aportados
por el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territorio, Ester Capella, han firmado este lunes el convenio de colaboración para la promoción y construcción en los próximos años de un mínimo de 1.700
viviendas de protección oficial y alojamientos de alquiler asequible, situados en solares del municipio de Barcelona.

El Ayuntamiento otorgará a favor del Incasòl la cesión de derechos de superficie o concesiones de uso privativo de estos solares por un plazo de 75 años. El Incasòl, por su parte, invertirá unos 221 millones de euros en la construcción de las viviendas, que se sumarán a los diferentes programas que está llevando a cabo el Govern para incrementar el parque público de alquiler social de Cataluña. El convenio es fruto del ofrecimiento de 27 suelos de titularidad municipal a la Generalitat para que construyera vivienda protegida de alquiler, un ofrecimiento que el alcalde Collboni realizó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la primera reunión entre ambos celebrada el pasado mes de agosto.

Fuente: El País

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