La norma obliga a empresas a diseñar planes de movilidad y define objetivos de descarbonización del transporte
La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles en el Congreso, declara la movilidad como un derecho ciudadano y establece medidas para fomentar el transporte sostenible en empresas, administraciones y ciudadanos. Las compañías con más de 200 empleados deberán elaborar planes de movilidad sostenible que promuevan el uso de bicicleta, transporte público, vehículos cero emisiones o coche compartido, con apoyo a la infraestructura para eléctricos y teletrabajo.
Además, el Gobierno estudiará la reducción de vuelos domésticos con alternativa ferroviaria inferior a 2,5 horas, la recuperación de trenes nocturnos a Europa, la electrificación total del transporte ferroviario y la actualización de las etiquetas ambientales de la DGT. La norma también garantiza financiación estatal al transporte público y marca objetivos para la descarbonización del sector y movilidad inclusiva, desbloqueando 10.000 millones de euros desde Bruselas.
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