Aprueba el anteproyecto de ley para combatir el despilfarro de alimentos
Eso que algunas cadenas de supermercados ya marcan al ir a adquirir un producto como «bajada de precio» o «producto en salida de excedente» se va a generalizar cuando entre en vigor la nueva ley contra el desperdicio alimentario, cuyo proyecto ha presentado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en La Moncloa.Planas sintetizó que el objetivo es que no termine ni un solo producto en la basura, porque «no hay alimento más caro» en el mercado que el que encuentra ese fin a su vida.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la propuesta de Planas – proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario-, que se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional. El objetivo del escrito es establecer un modelo de «buenas prácticas» para evitar el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. El ámbito de aplicación de la norma abarca a las actividades que realizan los agentes —producción, transformación, distribución de alimentos—, hostelería, restauración y otras entidades y asociaciones de distribución para la donación de alimentos.javascript:false
Aunque es la primera ley que se aprueba en España sobre la materia, Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, presentó en 2013 la estrategia ‘Más Alimentos, Menos Desperdicio’, para la reducción y valorización de los alimentos desechados. Planificación que continuó su sucesora en el cargo de 2014 a 2018, Isabel García Tejerina. Entre los retos más recientes a afrontar en la última etapa de la estrategia estaban el impulsar la elaboración de una guía nacional para facilitar la donación de alimentos o analizar la relación entre desperdicio alimentario y medio ambiente y cambio climático, que, parece, han servido de base para redactar esta ley.
Para el ministerio combatir el despilfarro es un «imperativo ético» que necesita de «implicación» social para conseguir su finalización. Solo en el 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, lo que se traduce en una media de 31 kilos/litros por persona, según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «No hay producto más caro que aquel que acaba en la basura», ha explicado Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las prioridades: donar o transformar en zumo
La primera de las prioridades, de obligado cumplimiento, en la jerarquía de los agentes de la cadena alimentaria es la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La segunda esla utilización de los alimentos para la nutrición humana a través de donaciones a bancos de alimentos o a organizaciones sin ánimo de lucro.
Para que las industrias alimentarias, las tiendas y los establecimientos de hostelería y restauración puedan realizar las donaciones deberán firmar convenios con las organizaciones receptoras de los alimentos en los que acordarán la recogida, transporte y almacenamiento de los mismos. Además, las empresas agroalimentarias donantes tendrán que asegurar la trazabilidad de los productos mediante un sistema de registro de entrada y salida.
En la tercera de las prioridades se encuentran los alimentos no vendidos que estén en condiciones óptimas de consumo, que deberán ser transformados en zumos o mermeladas, mientras que si no fueran aptos para consumir tendrán que ser utilizados como subproductos para alimentación animal, para obtener compost destinado al uso agrario, para la industria, o para la obtención de algún tipo de combustible como biogás.
Actuaciones de los agentes de la cadena
Además, los agentes que forman parte de la cadena alimentaria tendrán que disponer de las instalaciones adecuadas, formando al personal para que todos los procesos, como la manipulación, el almacenamiento y el transporte, se lleven a cabo en las condiciones adecuadas para mantener la cadena de frío. En cuanto a los productos con fecha de consumo preferente vencida, tendrán que diferenciarse del resto en los establecimientos con precios inferiores para que los consumidores los compren o destinarse a la donación.
Los trabajadores de establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a los clientes la posibilidad de que se lleven la comida que no han consumido, sin ningún tipo de coste adicional, para lo que deberán disponer de envases aptos reutilizables.
En cambio, los centros sanitarios, educativos o residencias que ofrecen catering o servicio de comedor deberán tener disponibles programas de reducción de los desechos de los alimentos sin consumir. Del mismo modo, las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Las tiendas de 400 metros de superficie o más tendrán que fomentar la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo, a la vez que incentivan la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos. Para ello, pondrán a la disposición de los clientes un lineal con estos productos.
Fechas de consumo preferente
Asimismo, el proyecto de ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada — el alimento puede perder propiedades organolépticas, pero si se consume no hay riesgo microbiológico—.
Plan Nacional de control de las pérdidas
De esta manera, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de los planes. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaborará un Plan Nacional, que será revisable, al menos, cada cuatro años, de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas que deberá elaborar el Gobierno. Aparte de la estrategia general de la política de desperdicio alimentario, este plan contendrá las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los programas autonómicos, así como los objetivos mínimos a cumplir de prevención y eliminación, y será coherente con la planificación en materia de residuos alimentarios.
Infracciones y sanciones
Por último, la ley contempla infracciones leves, como no aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades o, en el caso de las entidades de iniciativa social, no entregar los excedentes alimentarios a las personas más desfavorecidas. Impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos, estaría en el grupo de las infracciones más graves.
También se añaden cuatro tipos de sanciones graves en materia de donación de alimentos que pueden ser penadas con multas que van desde 6.001 a 150.000 euros.
Fuente: ABC
